Introducción El caso SQM fue un escándalo político y caso judicial chileno de carácter penal, que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
El caso comenzó a ser indagado a fines de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por el denominado caso Penta. El trabajo de los persecutores permitió descubrir que SQM —controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, conocido por haber sido yerno del dictador Augusto Pinochet— pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales —como también a partidos— de casi todo el espectro de la clase política tradicional de Chile, incluyendo las campañas de los candidatos a la presidencia Sebastián Piñera, Eduardo Frei, y Marco Enríquez-Ominami en 2009. Las continuas revelaciones de la investigación —junto con el golpe provocado por el caso Caval, destapado en ese mismo verano y protagonizado por el hijo y la nuera de la presidenta— provocaron una grave crisis política al interior del gobierno de Michelle Bachelet y de la coalición Nueva Mayoría, la cual llegó a su punto cúlmine en mayo de 2015, cuando la mandataria le pidió la renuncia a todo su gabinete, semanas después de que se conociera que su campaña presidencial de 2013 también había recibido aportes de SQM y que Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y Seguridad Pública de su administración, había emitido boletas a la empresa recaudadora de los fondos de campaña. A lo largo de más de tres años, el caso acumuló más de 180 imputados y provocó la salida del gobierno del ministro Peñailillo, del ministro de Hacienda Alberto Arenas y del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt. Al año 2018 había solo ocho personas con condena y alrededor de 120 ya habían dejado de ser investigadas. El 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de marzo la Corte Suprema de Chile rechazó desaforar al senador Fulvio Rossi (aunque la Fiscalía pidió su formalización luego de que dejara el Senado) En agosto de 2021, la Fiscalía a cargo del fiscal Claudia Perivancich decidió no perseverar en las investigaciones de 32 de los acusados, por no haber querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entre los 32 acusados que quedaron fuera de las investigaciones, se encontraban Rodrigo Peñailillo; Irina Rossi, hermana del exparlamentario Fulvio Rossi; Jorge y Benjamín Pizarro, hijos del vicepresidente del Senado de Chile, Jorge Pizarro; Harold Correa, exjefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre; y Alex Matute, hermano de Jorge Matute Johns. |
RUC : 1800604602-5 Caratulado: FUNDACIÓN CIUDADANO INTELIGENTE C/ JORGE ESTEBAN PIZARRO SOTO |
RIT : Ordinaria.-90-2022 Fecha Ingreso: 18/10/2022 Etapa: Juicio oral. Forma Inicio: Auto de apertura. Tribunal: 3º TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO |
Tribunal Origen: 8º Juzgado de Garantía de Santiago. RIT 4933-2018 |
Acusados. PIZARRO SOTO JORGE ESTEBAN Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 ROZAS LÓPEZ MARCELO ABRAHAM Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 LEÓN ARAYA ROBERTO JAVIER Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 CAVIERES ROMERO MARISOL ELVIRA Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 WARNER VILLAGRÁN CRISTIAN Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 CONTESSE GONZÁLEZ PATRICIO Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO MARCO ANTONIO Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 LONGUEIRA MONTES JUAN PABLO COHECHO COMETIDO POR EMPLEADO PÚBLICO.ART.248,248 BIS Y 249. Tramitación. 15/02/2023 LONGUEIRA MONTES PABLO COHECHO COMETIDO POR EMPLEADO PÚBLICO.ART.248,248 BIS Y 249. Tramitación. 15/02/2023 CONTESSE GONZÁLEZ PATRICIO COHECHO O SOBORNO COMETIDO POR PARTICULAR. ART. 250 Tramitación. 15/02/2023 VALDIVIELSO ALMARZA CARMEN LUZ Delitos que contempla el código tributario. Tramitación. 15/02/2023 |
¿Cuánto vale el juicio SQM? Dos fiscales exclusivos con más de $ 1.200 millones en sueldos y viáticos en 10 años. José Carvajal Vega Este lunes, y tras ocho años de investigación, comenzó el juicio oral del caso SQM, en que se persigue el presunto financiamiento irregular de la política y cohecho. Esta etapa se espera que se extienda por dos años, lo que ha generado cuestionamientos desde la defensa de los imputados. Esto, porque en la causa existen dos fiscales con dedicación exclusiva desde hace ocho años y que estarán 100% dedicadas a esta causa por otros dos. Todo aquello tiene un gasto proyectado superior a los mil millones de pesos a lo largo de la década que durará esta indagatoria, en que ninguno de los imputados arriesga pena efectiva de cárcel. Abogados acusan desproporción y gasto innecesario del Estado. “Detrás mío hay 10 fiscales con dedicación exclusiva, con altísimos sueldos (…). Son fiscales de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, donde hay problemas de delincuencia y narcotráfico, son fiscales que han pospuesto esto sin parar”. La frase es de Marco Enríquez-Ominami -imputado en la causa- durante el frustrado y postergado inicio del juicio oral del caso SQM a comienzos de febrero. Este lunes comenzó finalmente el juicio que se espera se extienda por los próximos dos años y que ha generado cuestionamientos de las defensas de los imputados por los recursos destinados a este proceso. Esto, porque la fiscalía cuenta con dos fiscales con dedicación exclusiva, lo que generaría en total un gasto superior a los $1.500 millones para el Ministerio Público. El inicio del juicio por el caso de supuesto financiamiento ilegal de la política estaba fijado para el 1 de febrero. Sin embargo, debido a la falta del auto de apertura (el texto que envía el juzgado de garantía al tribunal con los antecedentes de la causa) hizo que se postergara, una vez más, la recta final del caso que se inició el 2015, como una arista derivada del caso Penta. Lo anterior derivó en la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició al tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago para que el juicio iniciara el día 13 de febrero, lo que finalmente ocurrió. Además de eso ordenó un sumario para determinar las responsabilidades de los jueces de primera instancia por la postergación del juzgamiento de los imputados, entre los que se encuentra el exministro Pablo Longueira, además del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. La fiscalía pide 818 de cárcel y multas para el exmilitante de la UDI, mientras que para el fundador del PRO el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel. Ninguno de ellos arriesga pena efectiva de cárcel. El largo tiempo de tramitación de esta causa ha generado un fuego cruzado entre los imputados -junto a sus defensas- y el Ministerio Público. Joanna Heskia, abogada de Longueira, asegura que los recursos que se han destinados para seguir esta causa, de parte de la fiscalía, le parece “un gasto completamente excesivo, no solo desde la perspectiva de la cantidad de fiscales y abogados asistentes involucrados, peritajes, policías y tiempos de jueces y audiencias, sino que por temas de proporcionalidad”. Esto, porque según explica, “las penas requeridas son bajas y, además, respecto a los delitos tributarios, ya existe un precedente de la Corte Suprema de que, así como se dieron, las conductas no son constitutivas de delito. Y a esto sumar la cantidad de abogados del Estado, CDE y SII”. Tras el fracasado inicio del juicio el 1 de febrero, la fiscal Claudia Perivancich sostuvo que “nosotros no hemos hecho sino lo indispensable para poder avanzar en el procedimiento, a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la acusación, pidiendo que volviéramos a entregarle copias de los antecedentes que ya tenían, pidiendo foliar una carpeta que ya tenían, obstando a que se iniciaran las audiencias de forma remota, en todos aquellos casos”. La causa por el caso SQM en algún momento llegó a tener 180 personas investigadas por la fiscalía. Desde entonces, algunas han sido sobreseídas y en el transcurso de este tiempo 10 personas han sido condenadas. A la etapa final del caso llegan ocho imputados, entre los que se encuentra MEO y Longueira. El costo para la fiscalía Para esta causa, según información solicitada a través de Transparencia a la cual tuvo acceso La Tercera PM, existen dos fiscales con dedicación exclusiva a esta causa. La primera de ellas es la fiscal Carmen Gloria Segura, quien asumió esta labor en abril del 2015. Por su trabajo y según el grado que mantiene al interior del Ministerio Público, Segura recibe un sueldo mensual de $ 5.994.456. Considerando que el juicio se extendería hasta febrero de 2025, la fiscal dedicaría 118 meses al interior de la fiscalía a realizar esta investigación, lo que equivale a un total de $ 707.345.808, sin considerar los reajustes salariales que habría en este periodo. En ese mismo rol también está la fiscal Paola Castiglione, quien percibe una renta mensual de $ 4.645.184 por su labor en la fiscalía, la cual desde enero de 2016 es perseguir de manera exclusiva la arista de SQM. Considerando el tiempo que faltaría, Castiglione pasaría en total 109 meses de trabajo dedicada a este caso, lo que significaría un costo de $ 506.325.056 de parte del Ministerio Público. En total de sueldos entre ambas fiscales exclusivas, suma $ 1.213.670.864 en los 10 años que duraría el caso. Caso SQM: juicio oral podría extenderse por dos años A juicio del abogado defensor de Patricio Contesse, Samuel Donoso, “esta defensa ha estado disponible para un juicio abreviado que ahorraría mucho dinero al Estado, lo que es razonable, más aún si mi representado tiene la pena cumplida, el castigo ya ha sido más que suficiente para un hombre de 72 años. No obstante, ello la fiscalía ha incurrido en un derroche de recursos del estado brutal (…) El 1 de febrero había cerca de 10 fiscales de Valparaíso en la sala, incluida la fiscal regional, ¿Quién atendía a las víctimas en Valparaíso? ¿O allá no hay delincuencia?”. Desde la Fiscalía Nacional señalaron a La Tercera PM que el Ministerio Público “trabaja con el mayor sentido de responsabilidad en el uso de los recursos. Los actos de corrupción agreden y amenazan la democracia. La persecución penal en esta materia trasciende al perjuicio fiscal que la comisión de estos delitos puede haber originado”. El abogado penalista y académico de Derecho de la UDP Mauricio Duce explica que es posible que en casos complejos las causas tomen mucho tiempo, aunque 10 años -a su juicio- da cuenta de cierta deficiencia, aunque en ese periodo de todas maneras debe considerarse la pandemia y consigo la postergación de las audiencias. De todas maneras, explica que estamos frente a un caso de “alta connotación pública y extremadamente sensible (…) y por tanto todos los sistemas jurídicos, aun cuando en casos de este tipo se arriesguen penas bajas, van a hacer esfuerzos para invertir recursos para esclarecer por el impacto que tienen no sólo para el caso concreto, sino que el caso futuro”. Sin embargo, sostiene que esto “produce impactos en derechos y garantías de las personas sometidas a la investigación. No es inocuo para ellas tampoco y es otro tema que obviamente hay que cuidar”. Personal de apoyo La labor de las fiscales exclusivas del caso también ha contado con la colaboración de otros funcionarios al interior de la fiscalía. Según la información entregada vía transparencia por parte del Ministerio Público, hay tres funcionarios de apoyo. Estos funcionarios, de los cuales dos fueron contratados a honorarios, suman un sueldo de $ 2.768.102 desde enero del 2015. Considerando todo el tiempo que tardaría este caso, en este apartado costaría $ 334.940.342 hasta febrero de 2025. Ciro Colombara, abogado de ME-O, sostiene que el juicio mismo le provoca al Estado un perjuicio económico mayor a lo que va a obtener: “ el Ministerio Público pretende que se condene a Marco a una pena remitida y a una multa de $ 26 millones, pero resulta que para esto tiene abogados y asistentes dedicados de manera exclusiva a este caso desde hace 8 años, con remuneraciones altas y además viáticos diarios de casi $ 200.000, porque la mayoría son de la Región de Valparaíso”. El abogado apunta a una responsabilidad de la fiscalía al agrupar 10 casos distintos. “Mientras los acusados, el caso y el juicio oral se han transformado en una tortura y una condena anticipada, para algunos abogados del Ministerio Público se ha transformado en un negocio, aunque sea duro decirlo”, afirma. A pesar de eso, el defensor sostiene que esto no es responsabilidad del Poder Judicial, “sino que se ha debido única y exclusivamente a algunos profesionales de la fiscalía, a los que les conviene que este caso no termine nunca. Y han arrastrado al Poder Judicial, al CDE y al SII a destinar cuantiosos recursos humanos y económicos a un caso cuyo mayor logro serán penas remitidas”. Además de las remuneraciones, a las fiscales del caso también le corresponde los viáticos por los viajes que realizan desde la Región de Valparaíso -donde radica la causa- a los tribunales en Santiago. En el caso de la fiscal Castiglione, según la información entregada por fiscalía, sus viáticos en promedio mensual son de $ 255.812, lo que resultaría -al término de la causa el 2025- un costo de $ 27.883.487 durante los 109 meses que estaría dedicada al caso. En el caso de la fiscal Segura, los gastos por este concepto tienen un promedio mensual de $ 13.427, lo que calculado a los 121 meses que dedicaría a la causa suman $ 1.584.362 en los 10 años que duraría la causa. En total, durante la década que se tramitaría la causa, las persecutoras sumarían viáticos -proyectados- por $ 29.467.849. En total, considerando los sueldos destinados para esta causa, además de los viáticos, y proyectándolos a los años que podría tomar toda la causa, el Ministerio Público tendría un gasto que llega a los $ 1.578.079.055. |
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