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Luis Edgardo Hermosilla Osorio (Santiago, 22 de agosto de 1956) es un abogado chileno y operador político, conocido por su trabajo con personajes públicos, políticos y empresarios de alto perfil en Chile. Desde el año 2000 hasta finales de 2023 tuvo un despacho de abogados con el político y exministro Andrés Chadwick y tuvo importante participación en diferentes casos vinculados al gobierno de Sebastián Piñera.
Desde 2023 ha protagonizado un escándalo financiero y político -el llamado Caso Hermosilla- luego de que Ciper publicara un audio donde el jurista le propone a su cliente Daniel Sauer armar una “caja negra” para ofrecer sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) como parte de una estrategia para obtener beneficios para este cliente, así como los movimientos que debe hacer y con quien debe reunirse para generar una fórmula de salida del problema. La investigación de su teléfono celular, como parte de la investigación, demostró que tenía conversaciones con diferentes figuras políticas y públicas a quienes concedía favores a cambio de información confidencial.
En agosto de 2024 fue procesado por la justicia chilena por delitos tributarios, soborno y lavado de activos,quedando en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.
Biografía
Hijo mayor de Nurieldín Hermosilla Rumie, quien fue uno de los principales penalistas en Chile desde los 70 a los 90. Su hermano Juan Pablo también es abogado.
Egresó del Instituto Nacional en 1973 y al año siguiente entró a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile,10donde estableció amistades con Andrés Chadwick, el hoy senador Juan Antonio Coloma y José Miguel Olivares.
En 1976 ingresó como procurador al estudio que su padre tenía con los penalistas Alfredo Etcheberry y Carlos Figueroa. Se mantuvo como socio en esa firma hasta 1998, cuando comenzó a trabajar como independiente.
Desde entonces ha tenido una relativa figuración política. En 1999 apoyó la primera candidatura presidencial de Joaquín Lavín y en 2023 manifestó públicamente su apoyo a la opción "a favor” en el segundo proceso constituyente.
Trayectoria profesional
En 1980, empezó a colaborar en la Vicaría de la Solidaridad, teniendo un rol importante en el caso Degollados. En esta ocasión, representó a la familia de José Manuel Parada, quien fue capturado y detenido por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.En 1986 deja la Vicaría para dedicarse al trabajo en el estudio jurídico Hermosilla y Compañía.
En 1996 asumió como representante de la familia del exsenador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, asesinado en 1991.
En los años 2000 asumió diversos casos de alta connotación mediática, como la defensa del empresario Claudio Spiniak, posteriormente apresado por liderar una red de explotación sexual infantil (2003), la defensa del exejecutivo bancario Jorge Tocornal por la acusación de abuso sexual contra sus hijos (2006), incluso casos del espectáculo, como la querella del exfutbolista Iván Zamorano contra el periodista Ítalo Passalaqua por calumnias sobre su boda con la modelo María Eugenia Larraín (2004).12Más tarde defendió al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly, acusado de abuso sexual a menores del Colegio Cumbres (2012).
En enero de 2010, el Senado de Chile lo nombró como integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cargo que Hermosilla ejerció hasta marzo de 2013, cuando presentó su renuncia.
Durante la década de 2010 se vinculó con casos aún más cercanos a la política. Fue asesor del primer gobierno de Sebastián Piñera, particularmente en los casos de los falsos exonerados políticos y del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. En 2015 representó a la empresa SQM en el escándalo por el financiamiento irregular a partidos políticos y en 2016 participó del Caso Caval.
En 2019, durante el segundo gobierno de Piñera, defendió a su amigo y socio Andrés Chadwick en la acusación constitucional en su contra, en el marco de las violencias ejercidas durante el Estallido Social.
En 2021 asumió la representación legal en sede de familia y penal del empresario Munir Hazbun Rezuc, asesorándolo en causas contra su exesposa en ambas sedes jurídicas
En 2022 asumió como representante de la presentadora de televisión Tonka Tomicic en el llamado Caso Relojes y que la involucraban a ella y su marido en la venta de joyas y relojes robados.
En 2023 estaba representando a Miguel Crispi en el marco del Caso Fundaciones, sin embargo, este prescindió de sus servicios tras conocidos los audios de supuestos sobornos.
En la actualidad, gracias a las revelaciones del registro de tu teléfono móvil18 se pudo constatar que existen más de 800.000 mil páginas de conversaciones con políticos de sectores transversales, empresarios, jueces, ministros, personeros del ámbito judicial civil y militar en este, y dicha revisión19 término provocando la salida del Director General de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Sergio Muñoz Yáñez. Esto finalmente ha revelado de que, gracias a él existían ciertos nombramientos de jueces y ministros de la judicatura chilena.
El Caso Hermosilla —también conocido como Caso Audios— es un escándalo de corrupción, soborno, cohecho y tráfico de influencias revelado por el medio chileno Ciper en noviembre de 2023. El reportaje incluyó la transcripción de una conversación entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer, y la abogada María Leonarda Villalobos, en la cual Hermosilla proponía sobornar a sus contactos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener información sobre la investigación que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estaba realizando sobre los negocios de Sauer.
La investigación judicial iniciada tras esta revelación expuso no sólo el vínculo económico de Hermosilla y Villalobos con los negocios ilegales de la empresa Factop, sino también las numerosas conexiones políticas y eventual tráfico de influencias que el abogado penalista tendría a través de sus relaciones personales con funcionarios públicos y políticos como el exministro Andrés Chadwick, el posterior juez de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus,6el exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz, el exministro Felipe Ward, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el fiscal del caso Penta, Manuel Guerra, entre otros.
Antecedentes
En 2023, la CMF solicitó al SII información sobre el comportamiento de doce RUT, entre personas naturales y sociedades, relacionados con la corredora de bolsa STF y la empresa de factoring Factop, ambas propiedad de Daniel Sauer y su hermano Ariel. Estas empresas fueron suspendidas por la CMF en marzo de 2023 debido a una serie de irregularidades, incluyendo la presentación de boletas falsas, falta de giro para operar, y la adulteración de información sobre la estabilidad financiera de la empresa para atraer a inversionistas, principalmente empresarios de la comunidad judía en Chile.
Ese mismo año, Daniel Sauer, quien ya conocía a Leonarda Villalobos por servicios jurídicos previos,9 contactó a Luis Hermosilla para enfrentar la investigación solicitada por la CMF contra su empresa, la cual también involucraba a los empresarios Rodrigo Toperlberg y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, propietarios de la agencia de bienes inmuebles Grupo Patio y amigos y ex clientes de Hermosilla.
La reunión grabada
En junio de 2023, Hermosilla, Villalobos y Sauer se reunieron en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, Vitacura, para discutir estrategias sobre cómo abordar la situación de Factop, aprovechando los supuestos contactos de Hermosilla y Villalobos en el SII y la CMF. La conversación fue grabada en un audio de 105 minutos, que fue filtrado al medio de investigación periodística Ciper. En la grabación, Hermosilla propone a Sauer sobornar a funcionarios del SII y la CMF para obtener información confidencial sobre la investigación en curso, además de otras acciones que involucraban establecer conexiones personales con dichos funcionarios para resolver el problema.
Tras la publicación de la transcripción del audio y el inicio de la investigación judicial por soborno contra los involucrados, Villalobos declaró que ella grabó la conversación como una forma de tener pruebas de que Sauer intentaba inculpar a Topelberg en el caso, a quien ella también asesoraba legalmente en paralelo.
La respuesta de Hermosilla
Tras la revelación de Ciper, Hermosilla emitió un comunicado afirmando que la publicación era "ilegal" por tratarse de una conversación privada entre él y su cliente, y que los sobornos propuestos no eran reales, sino una táctica para presionar o engañar a su cliente Daniel Sauer y que éste le entregara dinero. Varios abogados y especialistas en derecho refutaron esta defensa, señalando que cuando se está en presencia de un delito, las pruebas, aunque obtenidas sin consentimiento, pueden ser válidas en un proceso judicial.
Repercusiones judiciales
En abril de 2024, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer, Rodrigo Topelberg, Darío Cuadra y Luis Flores por el Caso Factop, en el cual se habrían emitido 9.970 facturas falsas que generaron una deuda a sus clientes de $12.988.219.183 pesos.
A principios de agosto de 2024, tras meses de investigación, el SII presentó una querella contra Hermosilla, Villalobos y el esposo de ésta, Luis Angulo, por diversos delitos tributarios, incluyendo la omisión de declaración de ingresos recibidos de distintas sociedades y la utilización de facturas falsas. El 27 de agosto, la jueza a cargo del caso decretó la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos mientras dure la investigación.
La estrategia de la defensa
La defensa de Luis Hermosilla ha estado a cargo de su hermano, el también abogado Juan Pablo Hermosilla. Éste ha buscado establecer, entre otras tesis, que el audio grabado, además de ser ilegal, no representaba pruebas de delito porque lo que allí se hablaba no era más que una estrategia de Hermosilla y Villalobos para presionar a Sauer y obtener más dinero de su parte, y no necesariamente una intención real de cometer los delitos allí mencionados. También han mencionado que Hermosilla es víctima de una persecución política por su cercanía con el mundo político de derecha.1920
La estrategia de la fiscalía
Por su parte, la fiscalía se ha encargado de mostrar todas las conexiones que Hermosilla tiene con el mundo político y económico en Chile, a fin de evidenciar su nivel de influencia y la factibilidad de que la intención de realizar los delitos mencionados en el audio expuesto sí fueran reales.
Al mismo tiempo, la fiscalía mostró las declaraciones de funcionarios del SII, de la CMF y de la Tesorería General de la República, quienes aseguraban que Leonarda Villalobos sí les había realizado pagos millonarios por información confidencial sobre el caso Saeur y otros casos anteriores.
Repercusiones políticas
Como parte de la investigación, la policía incautó los teléfonos celulares de Villalobos y Hermosilla para revisar sus mensajes, lo cual Hermosilla intentó impedir presentando un recurso de amparo, argumentando que la medida violaba la privacidad de sus conversaciones con clientes no relacionados con el Caso Factop. El recurso fue desestimado.
Al revisar el teléfono de Villalobos, se encontraron conversaciones que revelaban reuniones entre ella y la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. En el teléfono de Hermosilla, se hallaron conversaciones con diversas autoridades políticas y públicas, incluidos jueces, fiscales y autoridades policiales, quienes le proporcionaban información relevante a cambio de favores políticos y tráfico de influencias.
El teléfono de Hermosilla.
En septiembre de 2024, la defensa de Hermosilla tuvo acceso a una copia digital de todo el historial de conversaciones de mensajería instantánea del abogado, equivalentes a 777 mil páginas, argumentando la importancia de transparentar sus supuestas relaciones con diferentes personeros de todo el espectro político y público, incluyendo funcionarios en ejercicio.La solicitud fue criticada por diferentes personajes políticos y mediáticos, incluido integrantes del gobierno de Boric, considerada una forma de "intoxicar" el debate público.
Ese mismo se comenzaron a filtrar en la prensa la diversidad de conversaciones de Hermosilla incluso con personajes cercanos a la ex Concertación o Nueva Mayoría, como el actual ministro y ex senador socialista Alvaro Elizalde, el abogado Francisco Feres y la ex ministra Ana Lya Uriarte.
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