practica forense: MP contra Paulina Pamela Carrasco Godoy-Tribunal de lo penal de Concepción.-III

sábado, 11 de mayo de 2013

MP contra Paulina Pamela Carrasco Godoy-Tribunal de lo penal de Concepción.-III

2) Querellante. Refiriéndose al fraude de subvenciones, sostuvo que

las alegaciones de la Defensa sobre estar en presencia de un delito

continuado, apuntaban a evitar la afectación de la culpabilidad de la

acusada y buscar una cierta proporcionalidad en la pena, sin embargo, la

calificación de un delito como reiterado en ningún caso constituye una

afectación a estos principios; la culpabilidad dice relación con el reproche

de la conducta del sujeto, por lo que no se ve como la reiteración lo afecte;

respecto a la proporcionalidad, ella tampoco se ve afectada, ya que el

legislador estableció la forma de determinar la pena en los artículos 74 del

Código Penal y 351 del Código Procesal Penal, prefiriendo siempre, para el

caso concreto, la norma que permita imponer la pena más favorable; esto

fue lo que hicieron los acusadores al solicitar una pena única.

Dijo que si bien la doctrina reconoce el delito continuado, no hay

unanimidad sobre lo que se debe entender por esa figura ni de los

requisitos que la componen, afirmando que tal construcción no es una

regla concursal, ya que, ni siquiera doctrinariamente, forma parte del

denominado concurso de delitos. Mayoritariamente se dice que es

necesario el fraccionamiento de la conducta de parte del sujeto activo, que

independientemente satisface cada uno de los elementos del tipo penal,

pero que se considera como un solo delito al haber unidad de propósito

delictual, sin embargo, tiene que haber una razón que justifique que

conductas analizadas independientemente se consideren como un solo

delito; en esto falla la Defensa al afirmar que se cumplen todos los

requisitos del delito continuado, porque si bien hay pluralidad de acciones

ejecutadas en distintos tiempos ellas no son idénticas, ya que se refieren a

diferentes beneficiarios, afectan a distintos montos y se ejecutan en

diferentes fechas. Incluso, aun considerando que todas las conductas

realizadas por la acusada corresponden al mismo tipo penal de fraude de

subvenciones, no concurre la exigencia de que el factor de carácter

subjetivo, o sea el propósito o unidad delictiva, sea único y no

independiente en cada conducta; en el presente caso, no hubo una unidad

de propósito que llevara a la doctora Carrasco Godoy a fraccionar las

conductas en el tiempo y lograr con ello apropiarse de los seis mil millones

de pesos y fracción. Aquí ocurrió algo distinto, puesto que ella realizó

varias conductas delictivas de fraude de subvenciones, y cada una, al

ejecutarse, se agotó en sus elementos objetivo y subjetivo y, como no fue

descubierta, nuevamente ejecutó –en varias oportunidades-, la misma

conducta delictiva, agotándose en cada una de ellas los elementos

objetivo y subjetivo del tipo, hasta agotar el ilícito, lo que es simple y

sencillamente reiteración del delito, figura contemplada en nuestro

ordenamiento jurídico en el artículo 74 del Código Penal.

Respecto al lavado de activos, afirmó que en sus alegatos de

apertura y clausura la Defensa no controvirtió que la acusada haya

ejecutado las conductas descritas en la acusación; esa parte no cuestionó

los hechos ahí descritos, señalando que esas conductas no eran típicas,

agregando que los hechos, en la forma como fueron expuestos,

importaban una infracción al principio del “non bis in ídem”, porque el

elemento consumativo del delito de fraude de subvenciones se verificó al

transferirse los fondos de FONASA a la cuentas de la imputada, siendo ese

el momento de consumación del delito, que es el mismo que considera el

Ministerio Público como correspondiente a la etapa de colocación del

delito, produciéndose ahí una superposición entre el fraude al Fisco y el

lavado de activos. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que lo

sostenido por la Defensa no era efectivo, eso no era lo señalado al abrir el

juicio y tampoco era lo relatado en los hechos de la acusación; las

acusadoras señalaron expresamente que el momento consumativo del

fraude fue cuando se transfirieron los fondos, luego de ello, una vez que

los fondos obtenidos de manera ilícita llegaron a las cuentas de la acusada,

ella empezó a efectuar maniobras de lavado de activo, por ende, en ningún

caso hubo superposición o infracción al principio del “non bis in ídem”.

Aseveró que para determinar cuáles eran las conductas típicas del

lavado de activo se debía considerar, como antecedente, que las distintas

etapas de ese delito son creación doctrinaria, utilizadas como concepto en

los distintos organismos internacionales y recogidas por los

ordenamientos jurídicos internos; no se trata de distintas etapas que se

sucedan una a otra; el delito de lavado de activos no comienza con la

colocación y termina con la integración, ya que pueden concurrir una o

todas ellas; lo esencial es la realización de conductas típicas.

Y, en cuanto a las conductas típicas del lavado de activo, se plantea

un inconveniente que dificulta investigar estos delitos, ya que el legislador

se refiere a ocultar o disimular los fondos obtenidos ilícitamente, sin

señalar cual es el alcance de esos verbos, por lo que se debe acudir a lo

dicho por la doctrina y la jurisprudencia, que han señalado como conductas

propias del lavado de activos, pero que por su naturaleza son, per se, de

carácter licito, por ejemplo: cuando las trasferencias, la compra de

inmuebles o de vehículos, se hacen por los blanqueadores con la finalidad

de ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos que ocupan, ellas se

convierten en conductas de lavado de activos, siendo errada la afirmación

de la Defensa de que las acciones desarrolladas por la acusada, al estar

reconocidas por el ordenamiento financiero legal, no constituían delito de

lavado de activos; al contrario, ya que en estos ilícitos lo que hace el

blanqueador es utilizar todos los mecanismos y herramientas que el

sistema le otorga para ocultar el origen ilícito de los fondos y darle una

apariencia de licitud. No se puede sostener que para estar frente a un

delito de lavado de activos, el sujeto deba ejecutar conductas que se

encuentren fuera del marco de la regulación financiera; es por eso que

existen los denominados “sujetos obligados” en la ley 19,913 -bancos,

casinos, corredores de propiedades, conservadores de bienes raíces-,

todos ellos, en el marco de su actividad, pueden encontrarse con sujetos

que realicen operaciones dentro del ámbito de su giro y que, al ser

sospechosas de constituir lavado de activos, están obligados a reportar;

son conductas que recaen sobre el origen ilícito de esos bienes y efectos y

tienen por objeto darle apariencia licita. Al analizar el comportamiento de

la acusada, se aprecia que ella ejecutó múltiples trasferencias a diferentes

cuentas aperturadas por ella misma, también adquirió títulos financieros

como vale vistas, compró diversos bienes, celebró distintos contratos de

promesa para adquirir inmuebles en diversos lugares, hizo múltiples retiros

de dinero por caja y por cajeros, realizó múltiples compras de objetos

suntuarios por sumas millonarias. El único fundamento racional y/o

financiero de esas conductas fue ocultar el origen ilícito de los fondos que

había obtenido de forma ilícita.

En relación con la demanda civil, hizo presente que el ordenamiento

jurídico reconoce la posibilidad que, frente a un hecho constitutivo de

delito, surja responsabilidad criminal y civil; en este caso, del fraude de

subvenciones nacieron acciones penales y civiles. Tiene razón la Defensa al

señalar que solo se está demandando el daño emergente, bastando leer el

libelo para percatarse que ello es efectivo. Sin embargo, esa parte yerra en

decir que la acusada no es la única responsable de los perjuicios sufridos

por FONASA, ya que también el Fondo se expuso imprudentemente al

daño, por lo que corresponde aplicar el artículo 2330 del Código Civil, sin

embargo, afirmó, es imposible que una persona jurídica, víctima del

engaño que el sujeto activo provocó por las conductas fraudulentas

ejecutadas y que indujeron a error a sus funcionarios y generaron la

disposición patrimonial, pueda contribuir de alguna manera a la

producción del daño, ello porque el dolo civil consiste en la intención

positiva de inferir injuria o daño a otro; no basta con decir que la persona

se expuso imprudentemente al daño, o que contribuyó a su producción,

por lo que debe responder mediante la morigeración de la indemnización.

La doctrina ha desarrollado este asunto y estableció requisitos: debe

haber una actuación de la víctima que sea negligente o imprudente y que,

en consecuencia, contribuya a la comisión del perjuicio. ¿Cuál fue esa

conducta negligente de FONASA? El Estado y sus servicios públicos

dependen de la conducta específica de sus funcionarios, y se habla que hay

falta de servicio cuando estamos ante una actuación tardía del servicio

público, ante una actuación ineficiente o ante la omisión de una actuación.

¿FONASA incurrió en alguna falta de servicio que origine su

responsabilidad y que implique morigerar la indemnización del perjuicio

que reclama contra la acusada? La respuesta es no, porque FONASA, al

momento de ocurrir los hechos actuó de acuerdo al diseño establecido en

su organización; el fondo no pagaba solamente a la doctora Carrasco

Godoy las prestaciones en MLE que se cobraban; diariamente había que

pagar una gran cantidad de atenciones médicas y, la realidad era que

FONASA, antes de efectuar el pago, no podía verificar si esas prestaciones

se habían realizado o no. El funcionamiento del sistema de pago se

sustentaba en base al principio de la buena fe, que rige las relaciones

contractuales y jurídicas y cuya concurrencia o no es importante para

calificar si la conducta fue diligente o negligente, partiendo de la base que

todos deben actuar en la forma que corresponde. Además, en la época del

fraude, FONASA pasaba por una situación compleja al igual que el país; el

problema decía relación con la salud pública, con la asignación de recursos

destinados a la atención de salud, que si bien son muchos son siempre

escasos; no obstante la función que corresponde a FONASA en la salud

pública nacional, y pese a la difícil situación, al Fondo no se le asignaron

nuevos recursos; es un hecho público y notorio lo que pasó en nuestro país

durante la pandemia, como aumentaron las atenciones médicas, como

debieron fusionarse los sistemas de salud público y privado, trabajo al que

se abocó FONASA en esa época. Se critica que no funcionó el sistema de

alertas, pero ello fue por las mismas circunstancias, porque Josué

Manríquez -el encargado de su seguimiento-, debió trabajar desde su casa

con computadores que no tenían la misma capacidad del utilizado en su

oficina; en definitiva, FONASA actuó dentro de lo que un servicio público

pudo hacer de acuerdo a las circunstancias del momento y, por

consiguiente, su obrar no fue negligente. Ahora bien, si se analiza que

hubo conducta negligente en determinados funcionarios, ella no se puede

radicar en FONASA, ya que es una responsabilidad de carácter personal.

Sobre la concausa agregó que debe existir una relación de

causalidad entre la conducta negligente y el resultado, requisito que la

Defensa no logró concretar, porque aun cuando no sea perfecto el análisis

del sistema de redes neuronales, no es que este no funcionara

correctamente, ello no fue la causa que produjo el resultado; que Josué

Manríquez tuviera que trabajar desde su casa y no haya podido extraer

oportuna y adecuadamente la información no es la causa, porque si se

aplica la teoría de la equivalencia de las condiciones, siempre hay diversas

situaciones que convergen en un resultado, pero una es su causa; haciendo

la supresión mental e hipotética de la única conducta suprimible y que

permitiría eliminar el perjuicio causado, fue el comportamiento doloso y

fraudulento de la doctora Paulina Carrasco, siendo ella la única

responsable del perjuicio causado a FONASA.

Sobre el monto demandado a título de perjuicio, rechazó la postura

de la Defensa de rebajar una serie de montos recuperados, porque la

demandante civil pide que se declare el perjuicio causado por la acusada y

como ésta es una sentencia de carácter declarativo, el perjuicio se produce

al momento de ocurrir las conductas. Las consideraciones que señala la

Defensa, no son alegaciones para esta etapa, sino que para la fase de

ejecución, o sea, cuando la sentencia declarativa se transforme en título

ejecutivo y se deba cumplir; allí, en la liquidación de lo adeudado, se verá el

monto de los abonos, por lo que estas alegaciones se hacen ante un

tribunal incompetente y en una etapa procesal distinta;

3) Defensa. Sobre el fraude de subvenciones, señaló que nada había

que agregar sobre el punto, al estimar que las acusadoras no aportaron

nuevos antecedentes en sus clausuras.

Respecto a la demanda civil, sostuvo que el daño emergente

indicado en la demanda asciende a más de 6 mil millones de pesos, pero

ese no es el monto defraudado al Fondo, solicitando, además, que se

aplique la compensación de culpas, al estar acreditado que FONASA fue

negligente en el manejo de sus recursos, lo que quedó claro con el informe

de auditoría y el informe de contraloría, situación que se daba no solo

durante a la pandemia, ya que previo a ella se habían remitido correos al

Director Nacional del Servicio, informando los problemas del sistema, pero

esa jefatura que nada hizo. Añadió que de acuerdo al fallo dictado por la

Excma. Corte Suprema en el rol 20625-2018, FONASA si incurrió en falta de

servicio, puesto que la falta de servicio “es una actuación ilegitima de la

administración, consistente en el incumplimiento de obligaciones de parte de

órganos del Estado y que se produce por: a) Ausencia total u omisión de

funcionamiento de la administración debiendo hacerlo mediante la

correspondiente actuación; b) Un mal, inadecuado, deficiente o indebido

funcionamiento del servicio estatal; c) El funcionamiento inoportuno que se

produce al desempeñar las atribuciones, actuar los órganos, ejecutar las

prestaciones, cumplir las funciones o emplear las competencias de manera

tardía; d) Un funcionamiento irregular de la administración

institucionalmente considerado, esto es, contrariamente a lo que

corresponde a un comportamiento común u ordinario exigible a un servicio

moderno.”, afirmando que en esta causa se está ante cada una de las

hipótesis señaladas, ya que si a los hechos de febrero o marzo, cuando el

fraude ascendía sólo a 12 millones de pesos, se agrega la acción oportuna

de FONASA, el convenio suscrito con la acusada se habría dejado sin efecto

en esa oportunidad y el perjuicio habría alcanzado solo hasta esos montos.

Dijo que al haberse escogido demandar civilmente en sede penal, el

monto se debe determinar en esta sede, por ello solicita se tomen en

consideración los dineros recuperados.

Sobre el lavado de activos, preciso que la sentencia condenatoria

dictada contra Daniel y David Carrasco Godoy, contemplaba hechos

consistentes en transferencias que ellos realizaban a su hermana, sin

embargo, revisada las sentencias acompañadas, ellas no contienen alguna

mención a los hechos y únicamente consta la parte resolutiva, por ende,

esas transferencias no están acreditadas, ni se incluyen como hechos de la

acusación. También las acusadoras, aludieron al levantamiento del secreto

bancario y mencionaron la conducta del ejecutivo de un banco que violó la

reserva del mismo y que fue objeto de una suspensión condicional del

procedimiento que le ofreció el Ministerio Público, entendiendo la Defensa

que esa misma objetividad para ofrecer aquella salida alternativa se

debiera considerar en otros aspectos ventilados en este juicio y que se

abordaron con un criterio más punitivo.

En relación a las etapas del lavado de activos, se señaló no ser

necesario que se dieran todas ellas y que, por ejemplo, como ocurre en el

delito de tráfico, bastaba con que el dinero fuese depositado en una

cuenta, llegándose al absurdo de que siempre bastaría la colocación de los

fondos, acción que para la Fiscalía consistiría en introducir, por parte del

lavador, los efectos del delito base, recalcando que en estos hechos, según

queda claro del auto de apertura, la colocación la hizo FONASA, sin

embargo, en el delito base, la colocación que se atribuye por la Fiscalía, la

disposición patrimonial forma parte del delito de fraude, confundiéndose

ese hecho con el perjuicio; esto lleva a considerar un mismo hecho como

consumación del fraude y como una etapa del delito de lavado de dinero.

Agregó que la doctrina considera la etapa de fraccionamiento como

etapa de colocación, puesto que en la colocación se realizan maniobras de

“pitufeo”, que se ejecutan normalmente mediante el depósito bancario de

pequeñas cantidades de dinero en efectivo que están bajo el umbral de

control, evitando las consecuencias legales de identificación y reporte;

malamente se puede pensar que el “pitufeo” y la diversificación en

diferentes cuentas, se hicieron para evitar la obligación de reporte, ya que,

recordemos, hubo un reporte que originó una investigación reservada, el

que, además, emana a propósito de un depósito de fondos que FONASA

hizo en la cuenta de la imputada, como parte del proceso de pago de

prestaciones.

Añadió que la doctrina, en general, entiende por lavado de activos el

introducir ganancias ilícitas en el mercado financiero formal, pero aquí se

partió al revés: primero se introdujeron las ganancias en el sistema regular

y después se realizaron maniobras destinadas a su ocultamiento y

disimulación, para lograr que esos recursos ingresaran a la economía

formal, sin que esos movimientos fueran reportados por alguna

institución. Luego, el ejemplo señalado por el Ministerio Público, cuyo

delito base es el tráfico, no sirve para este caso, donde, como se sabe, se

cometió un fraude, que es un delito contra la propiedad que hace radicar el

perjuicio en la disposición patrimonial, siendo esa disposición un elemento

del delito.

Respecto a los perjuicios, según Juan Pablo Palacios Osorio, jefe de

finanzas de FONASA, el fraude ascendió al 0,93 % del presupuesto asignado

a la MLE. A eso se le debe descontar lo recuperado, más o menos un 85%

de lo defraudado, es decir, unos 4.200 millones de pesos.

Finalizó citando a la doctora en derecho, Alejandra Castillo, quien

señala que “…para la hipótesis de autolavado, el supuesto exige que debe

de ponerse en circulación el bien producto de un ilícito y producto de eso se

debe lograr el ocultamiento, además de un daño diferenciado mediante el

mismo, debiendo concurrir ambos supuestos de manera copulativa. En los

hechos que conforman este informe, las transacciones realizadas por los

sujetos XX son absolutamente inidóneas para ocultar, debido a que siempre

se pudo constatar el origen de dichos bienes.”

Así, la afirmación de la Fiscal

referida a que la letra b) del artículo 27 no implica que los bienes estén

ocultos o disimulados se debilita, porque del tenor literal de las letras a) y

b) del citado artículo 27, se entiende que los bienes deben estar ocultos y

disimulados, ya que la letra b) dice específicamente “referidos bienes” y

ellos son los de la letra a), es decir, los que fueron previamente ocultados o

disimulados, condición que no se acreditó en el juicio.

Reiteró su solicitud de absolución, por no concurrir los elementos del

tipo penal.

VI.- SOBRE LA OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE PRESTACIONES FISCALES, TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 470 N° 8 DEL CÓDIGO PENAL.

NOVENO: Las acusaciones se formularon por tres grupos de ilícitos

que afectaron al Fondo Nacional de Salud: 15 delitos-faltas reiteradas

descritas en el artículo 494 n° 19 del Código Penal; 161 delitos consumados

y reiterados de fraude al Fisco –fraude de subvenciones-, descrito y

sancionado en el artículo 470 n° 8, en relación con el artículo 467, ambos

del Código Penal; 6 delitos frustrados y reiterados de fraude al Fisco –el

mismo fraude de subvenciones ya señalado-. Todos ellos cometidos por la

acusada Paulina Carrasco Godoy en la comuna de Concepción, entre el 29

de diciembre de 2019 y el mes de junio de 2020.

1) Desde luego conviene dejar asentado que la Defensa de la acusada

no controvirtió la existencia de los hechos imputados, argumentando en

sus discursos de apertura y cierre, que estos ilícitos de obtención

fraudulenta de subvenciones se cometieron en carácter de continuado y

no de reiterados como lo sostienen ambas acusaciones. Tampoco se rindió

alguna prueba destinada a refutar el núcleo fáctico de las acusaciones

deducidas por la Fiscalía y la parte querellante en esta causa; en

consecuencia, debe tenerse como un hecho pacífico que la acusada si

cometió las conductas que se le imputan;

2) Asimismo, para entender el contexto de comisión de los hechos

importa señalar que las modalidades de atención a beneficiarios que

otorga el Fondo Nacional de Salud, son la “Modalidad de Libre Atención”

(MLE) y la “Modalidad de Atención Institucional” (MAI). La MLE está

definida en el “Glosario de FONASA”1 como un sistema “…que permite al

beneficiario de FONASA elegir libremente al profesional y/o entidad de salud,

del sector público o privado, que mantenga convenio de atención vigente con

el Rol de prestadores de FONASA y se encuentre autorizado para otorgar las

prestaciones contempladas en el Arancel MLE, a través de la obtención de un

Bono.” El mismo glosario define el “Arancel MLE” como un “conjunto de

Prestaciones de Salud que define la cartera total de prestaciones en salud que

cuentan con una cobertura financiera respaldada en la normativa vigente.

Cada una de las prestaciones que constituyen el Arancel cuenta con un valor

referencial y sobre ese valor se determina tanto la bonificación para cada

prestación (monto de dinero que es financiado por FONASA), como también

los pagos que debe realizar el beneficiario (copago). Estas áreas

corresponden a atención abierta, atención cerrada, laboratorio clínico,

imagenología, profesionales y especialidades médicas.”. A su vez, el glosario

señala que “Rol de prestadores de FONASA” es “la nómina de profesionales y

entidades en convenio para otorgar prestaciones a los asegurados de

FONASA en la Modalidad de Libre Elección, ingresados en la Base de

Prestadores MLE. Los profesionales que pueden suscribir un convenio en la

Libre Elección con FONASA son: médicos cirujanos, matronas, tecnólogos

1En sitio web Fonasa.cl/.

médicos, químicos farmacéuticos, kinesiólogos, cirujanos dentistas,

enfermeras, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas y protesistas.”;

3) Según la prueba documental n° 4) de las acusadoras,

correspondiente a copia de inscripción en el Registro Nacional

Prestadores, emitido por la Superintendencia de Salud el 14 de julio de

2020, la acusada Paulina Pamela Carrasco Godoy, en su calidad de médico

cirujano –título otorgado por la Universidad de Concepción el 24 de

noviembre de 2009-, y habiendo aprobado -el 16 de diciembre del mismo

año-, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, estaba

inscrita en el Registro Nacional Prestadores de Prestadores Individuales de

Salud, desde el 5 de agosto de 2010. Conforme al documento n° 147), este

convenio de prestaciones médicas se actualizó posteriormente entre

Paulina Pamela Carrasco Godoy y FONASA; en este segundo instrumento

la acusada señaló como domicilio el de calle La Capitanía n° 80, oficina 108,

comuna de Las Condes, Santiago; teléfono fijo +56228409971, teléfono

celular +56935686877; correo electrónico paulicarrasco@udec.cl. También

entregó sus antecedentes tributarios: tributación en segunda categoría;

nivel de atención 3; cobranza, mediante depósito en cuenta bancaria a su

nombre, tipo chequera electrónica, n° 077058952235 del Banco Santander

Chile.

Refrendan lo anterior el documento 151), Solicitud de inscripción en

FONASA para atención de pacientes en MLE de Paulina Pamela Carrasco

Godoy, fechado 30 de septiembre de 2010; el documento 152), también de

fecha 30 de septiembre de 2010, Formulario 1, correspondiente a

inscripción de profesionales en MLE, con documentos que acreditan la

idoneidad profesional de la doctora Paulina Pamela Carrasco Godoy y

anexos, de 30 de septiembre de 2010; el documento 153), Convenio de

Inscripción en Rol MLE de 30 de septiembre de 2010 suscrito por Paulina

Pamela Carrasco Godoy; el documento 154) Informe Técnico -Visación

Convenios- del Subdepartamento de Control del Seguro FONASA n°1126,

folio n° 49608 de 6 de octubre de 2010, mediante el cual se habilita a la

acusada para atender beneficiarios de FONASA en MLE y se consignan las

prestaciones que puede otorgar; el documento 155), Resolución Exenta de

FONASA n° 21/03504 de 7 de octubre de 2010, que aprueba la inscripción en

el rol MLE para persona natural de Paulina Pamela Carrasco Godoy; el

documento 156), Solicitud de reactivación en MLE de la acusada, de 11 de

septiembre de 2014, folio n°18746-49608 y sus anexos; el documento 157),

Resolución Exenta 6D/02412 de FONASA, de 2 de octubre de 2014, que

autoriza reactivación del convenio MLE entre la acusada y dicho Fondo; el

documento 173), Correo electrónico de fcasale@fonasa.gob.cl, de 2 de

diciembre de 2020, que adjunta planilla Excel con el historial de

modificaciones y actualizaciones al convenio MLE celebrado entre FONASA

y la prestadora Paulina Carrasco Godoy. Registra solicitudes de

modificaciones/actualizaciones desde el 13 de septiembre de 2017 en

adelante; última solicitud presentada, 29 de junio de 2020, aprueba cambio

de cuenta bancaria; el documento 175), Correo electrónico de

fcasale@fonasa.gob.cl, de 2 de diciembre de 2020, con el expediente de

fiscalización seguida contra la acusada, con anterioridad a la época de los

hechos y que significó suspender transitoriamente por 180 días su

convenio de prestación de servicios médicos en MLE para FONASA, según

Resolución Exenta de la Dirección Zonal Sur del Fondo n° 928/2018 de 23 de

enero de 2018.

De acuerdo a estos antecedentes, debe tenerse por asentado que la

acusada Paulina Carrasco Godoy, estaba habilitada para atender a

beneficiarios de FONASA a través del sistema MLE;

4) Acerca de la operativa del sistema de atención en MLE y la forma

de pago y/o de cobro de las prestaciones de servicios que otorgaban los

profesionales del área de la salud –médicos, psicólogos, kinesiólogos, se

obtuvo la siguiente información:

a) El testigo Benjamín Ahumada Rojas, Jefe (S) de la División de

Gestión Financiera del Fondo desde julio de 2019 en adelante, explicó en

estrados que FONASA administra la MLE, la que opera en base a

prestadores adscritos al Fondo que otorgan diversas prestaciones de

salud, cuyo financiamiento es parte aporte fiscal y parte copago del

beneficiario. Para optar al sistema de MLE, el beneficiario debe ser una

persona que acredite renta, mientras que para brindar atención en la MLE,

FONASA suscribe convenios con personas naturales e instituciones,

debiendo cada prestador registrar el tipo de prestaciones a otorgar. Este

testigo afirmó que los beneficiarios podían acceder a la MLE a través de 3

vías: una era comprando directamente el bono –de manera presencial-, en

dependencias de FONASA o lugares habilitados para ello, documento que

el paciente entregaba al profesional al momento de la consulta, quien

posteriormente realizaba el proceso de cobro del bono. Otra forma de

acceder a la MLE era comprando el bono en forma electrónica a través de

las plataformas Imed y Medipas, que son sistemas electrónicos de emisión

de bonos, instalados en el lugar donde funciona la consulta del prestador,

que operan en base a un proceso combinado de acciones ejecutadas por la

plataforma electrónica y por el profesional, especialmente para enviar a

cobro y obtener el pago de la prestación. La tercera vía para acceder a la

MLE, era la emisión del bono de atención a través del sistema denominado

“FRONT PRESTADOR”, plataforma creada por FONASA, que permitía al

profesional de la salud generar el bono de atención médica en su consulta;

para ello el médico, kinesiólogo, psicólogo, etc., debía estar adscrito al

sistema de MLE, luego, al momento de atender al paciente, el mismo

prestador emitía el bono de atención, ingresando a la plataforma con su

Rut y una contraseña, a continuación digitaba el nombre, Rut y n° de serie

del carnet de identidad del beneficiario, señalando, además, la(s)

prestación(nes) otorgada(s); emitido el bono y verificada la atención, el

beneficiario efectuaba el copago del mismo y el saldo pendiente era

subido por el propio prestador al sistema electrónico de pago de

prestaciones habilitado por FONASA. Sobre este método de emisión y

cobro de bonos de atención de salud, el testigo Ahumada señaló que para

proceder al pago de las prestaciones efectuadas a través del sistema

“FRONT PRESTADOR”, FONASA realizaba un proceso de validación donde

se constataba que el bono se había emitido correctamente y que la

prestación otorgada era de aquellas registradas por el prestador; sin

embargo, el sistema no permitía constatar si la prestación se había

otorgado o no, aunque, al momento de enviar a cobranza una atención de

salud, el prestador daba cuenta de una prestación efectivamente realizada,

información relevante que debía constar en algún soporte para el caso de

ser fiscalizado, ya que, ante la falta del registro, el prestador podía ser

multado, suspendido o eliminado de la MLE;

b) Sobre lo anterior, la testigo Gloria Inés Sepúlveda Palavecino, Jefa

de la División de Gestión Financiera de FONASA a la época de los hechos,

explicó que cuando un beneficiario quería hacer uso de la MLE, debía

adquirir los bonos presencialmente, o por bono electrónico, o por la

página web de FONASA, en este último caso era el prestador quien emitía

el bono de atención, del cual, un porcentaje del valor de la atención médica

lo pagaba directamente el usuario al prestador mediante un copago,

mientras que el saldo restante, determinado por el arancel de FONASA

(FAM), lo pagaba el Fondo Nacional de Salud al prestador mediante el

siguiente proceso: i) correspondía al prestador pinchar o marcar en el

sistema cada uno de los bonos emitidos durante el día para hacer la

liquidación y remitirlos a cobranza; ii) remitidos a cobranza los bonos

emitidos por el prestador, SONDA -empresa a cargo del soporte

informático de FONASA-, verificaba de manera informática el nombre del

paciente, el nombre del prestador, la prestación otorgada y valor de la

misma, luego confeccionaba un listado de bonos emitidos por ese

prestador, el que se enviaba a la empresa PROINFO -a cargo de administrar

el sistema de pago a prestadores-, la que debía, también mediante un

proceso informático, verificar que el prestador existía, que estaba

autorizado para emitir bonos y que no tenía observaciones pendientes; iii)

efectuadas esas verificaciones PROINFO confeccionaba y enviaba a

FONASA los listados de pago de prestaciones en cobranza; iv) recibido el

listado de pago de prestaciones en cobranza, el Departamento de Pagos

de Prestadores MLE de FONASA, verificaba la consistencia de la

información, comprobando que los montos en cobranza cuadraban con la

cantidad y valor de las prestaciones otorgadas;

c) Complementando lo dicho por los testigos Ahumada Rojas y

Sepúlveda Palavecino, Jessica del Carmen Martínez León -desde el año

2016 en adelante-, Jefa del Subdepartamento de Pago a Prestadores en

MLE y Prestadores en Compra Directa, explicó que al principio un

beneficiario se podía atender en MLE, adquiriendo presencialmente el

bono en los lugares habilitados por el Fondo o en forma electrónica, a

través de Imed y/o Medipass; posteriormente, en el año 2019, se

implementó el sistema de adquisición y emisión de bonos a través del

portal de FONASA, denominado “FRONT PRESTADOR”, cuya particularidad

era que el bono se emitía por el propio prestador, quien, después de

ingresar a la plataforma, digitaba los datos del beneficiario: nombre, Rut y

n° de serie de la cédula de identidad; emitido el bono, de manera

automática se generaba un proceso de pago que se validaba

computacionalmente, constatando la emisión del bono, la existencia del

prestador y la vigencia de su convenio con FONASA, también, que la

prestación otorgada estuviera registrada por el prestador y que el

beneficiario pudiera optar por la MLE; recibido el archivo con los bonos

validados desde la empresa procesadora, se conocían los totales a pagar

por cada prestador; el proceso FRONT PRESTADOR, exigía la revisión de

unos 1.200 a 1.500 prestadores por día, fueran institucionales o naturales;

para enviar los montos a pago se cuadraban las sumas totales a pagar, se

revisaba lo que el sistema arrojaba a pago por cada prestador, se retenía el

porcentaje por impuesto de segunda categoría, se comprobaba que la

nómina enviada al banco pagador estuviera en el archivo y que el

prestador no tuviera retenciones. Hecho lo anterior se cargaba la

información y se enviaba un formulario con todos esos antecedentes al

Área de Finanzas de FONASA para hacer las transferencias bancarias a los

prestadores. La testigo Martínez León, agregó que esa operación la

realizaban ella junto con Edward Pinto y que el formulario lo visaba ella,

pero lo firmaba su jefe Mauricio Rojas; después, el documento se enviaba a

los Subdepartamentos de Finanzas y de Tesorería, este último a cargo de la

transferencia bancaria;

d) Asimismo, el proceso de emisión de bonos a través del sistema

“FRONT PRESTADOR”, está detallado en los siguientes documentos

acompañados por la Fiscalía: i) el documento n° 143, “Minuta Pago

Prestadores MLE”, refiriéndose a la cobranza de la MLE señala en el folio

000228 letra c) “Cobranza Portal Prestador MLE…”, que las cobranzas

eran enviadas por el sistema del Portal de FONASA a la empresa PROINFO

y a un repositorio, momento en que se valida que el bono exista en la base

de emisión; que el prestador esté vigente; que las prestaciones estén

convenidas; que el BAS no esté caduco. Una vez revisadas estas

variaciones se debe iniciar otro proceso para determinar si el prestador es

de primera o segunda categoría tributaria; si es de segunda se confecciona

la boleta de honorario virtual por FONASA. Una vez consolidadas las

cobranzas y sus validaciones respectivas, se ejecuta la retención de

impuesto, generando el cierre y se envía por la empresa proveedora al

Subdepartamento de Gestión Pago Prestadores del Fondo.

El mismo documento contiene en el folio 230, párrafo 2.2, el llamado

“Proceso de Detección de Comportamiento Atípico en el Pago de la MLE”,

que permite identificar comportamientos atípicos bajo parámetros

definidos de manera oportuna en los pagos a los prestadores de esa

modalidad. Éstas variaciones consisten en: data histórica de la cantidad de

BAS cobrados por prestador, cantidad de emisión estableciendo rangos de

pago normales que pudiese cobrar un prestador, los montos de la

especialidad, etc.; para ello se diseñó un proceso de detección de

comportamiento atípico en la MLE mediante el sistema de pago que

permite un análisis antes del cierre de las cobranzas emitidas en el Portal

de Prestadores MLE, compuesto por un conjunto de 17 reglas de validación

o alertas; ii) los documentos 148) y 149), que señalan los pasos que debe

seguir el profesional que emite bonos de atención a través del Portal web

para ingresar a esa plataforma, con el fin de emitir el bono de atención,

enviarlo a cobranza y obtener de FONASA el pago de la prestación, en el

saldo no cubierto por el copago que hace el beneficiario al momento de

ser atendido por el profesional. Para ello el prestador entra al Portal

indicando su Rut y contraseña, a continuación, una pantalla le solicita

ingresar los datos del paciente -Rut y número de serie de la cédula de

identidad- se debe indicar la prestación y otros datos que el sistema le

solicita; hecho esto se puede emitir el bono de atención para obtener de

FONASA el pago del saldo del valor de la consulta o atención o prestación

realizada.

El documento 149), denominado “Manual Paso a Paso en el Uso del

Nuevo Portal Prestador MLE”, señala que el prestador debe estar inscrito

en dicho portal mediante el señalamiento de una serie de antecedentes

que el mismo portal le solicita; a continuación el propio manual indica

detalladamente los pasos a seguir para la emisión del bono de atención de

usuarios MLE a través de la plataforma web.

Según estos datos, cualquier profesional del área de la salud

incorporado al rol de prestadores MLE de FONASA y estando habilitado

para desempañarse como tal, podía emitir bonos de atención de salud a

través del Portal web del Fondo, plataforma denominada “FRONT

PRESTADOR”;

5) Luego, este juicio oral se llevó a cabo para establecer la

responsabilidad penal de la acusada Paulina Pamela Carrasco Godoy, quien

no obstante ser prestadora autorizada por FONASA para otorgar servicios

médicos en MLE, emite bonos sin haber ejecutado las prestaciones en ellos

indicadas, imputándosele responsabilidad en los siguientes hechos:

a) En la emisión de 4.896 bonos de atención médica a la plataforma

“FRONT PRESTADOR”, por concepto de 1.560.219 prestaciones que nunca

realizó y que fueron aparentadas por la nombrada Carrasco Godoy

respecto de 66 beneficiarios que se indicarán más adelante. Esto habría

ocurrido en esta comuna, entre fines de diciembre de 2019 y principios de

julio de 2020;

b) En la emisión, a través de la misma plataforma “FRONT

PRESTADOR”, de un total de 1.852 bonos por concepto de prestaciones

médicas en que la propia acusada Carrasco Godoy figuraba como

beneficiaria y prestadora a la vez. Hechos que habrían ocurrido en esta

comuna, entre los meses de marzo y julio de 2020;

c) En la presentación a cobro de 6 folios de cobranza, por la suma

total de $1.027.001.649, relativos a bonos de atención de salud emitidos

fraudulentamente por prestaciones médicas que nunca se realizaron y que

fueron aparentadas por la nombrada Carrasco Godoy, folios respecto de

los cuales FONASA ordenó que no fueran pagados. Estos hechos habrían

ocurrido en esta comuna entre el 24 y el 29 de junio de 2020;

6) En relación con lo anterior:

a) Sobre los 66 beneficiarios que no fueron atendidos por la acusada

y cuyas prestaciones fueron simuladas por ella, FONASA le hizo 121 pagos

por concepto de porcentaje de contribución estatal para el financiamiento

de las prestaciones en MLE. En definitiva, esto significó que FONASA le

pagara la suma líquida total de $5.105.306.873 (cinco mil ciento cinco

millones, trescientos seis mil ochocientos setenta y tres pesos), por 4.636

bonos de atención de salud que daban cuenta de 1.439.389 prestaciones

médicas no realizadas, pagos que se verificaron mediante transferencias a

los productos financieros registrados a nombre de Paulina Carrasco Godoy

en el Banco Estado de Chile (en adelante BECH) y en el Banco Santander,

previo descuento y retención del impuesto de segunda categoría.

El listado de los 66 beneficiarios es el siguiente:

N° NOMBRE RUT

1 Osvaldo Javier Faúndez Alarcón 4.673.415-7

2 Abraham Humberto Romero Montoya 5.509.682-1

3 Roberto René Pozo Contreras 6.048.901-7

4 Enrique Antonio Torres Cáceres 7.167.626-9;

5 Víctor Eliseo Vega Piceo 7.346.317-3

6 Mercedes Del Carmen Pedreros Matamala 7.507.025-K

7 Glenda Eliana Agurto Escalona 8.134.208-3

8 Graciela Del Carmen Muñoz Roa 8.229.995-5

9 Enrique Mario Díaz Fuentes 8.504.369-2

10 Rosita Amelia Castillo Roa 8.556.126-K

11 Rosa Del Carmen Figueroa Vinet 8.879.995-K

12 Luz Eliana Sagredo Ruminot 9.447.577-5

13 Rita Esperanza Figueroa Carrasco 9.926.581-7

14 Gabriela Ester Álvarez Islas 10.040.466-4

15 Edith Elisa Pérez Garrido 10.635.579-7

16 Doralisa Del Carmen Ávila Canales 10.694.933-6

17 Sandra Marlene Ojeda Vidal 10.802.770-3

18 Gloria Edith Jara Vidal 10.959.967-0

19 José Ariel Parra Ferreira 11.149.795-8

20 José Arturo Lagos Álvarez 11.213.719-K

21 Myriam De Las Mercedes Pérez Cartes 11.447.980-2

22 Juan Gerardo Burdiles Lermanda 11.449.007-5

23 María Otilia González Urízar 11.540.641-8

24 Teresa Del Carmen Rivera Silva 11.635.902-2

25 Cecilia Verónica Cancino Ampuero 12.071.142-3

26 Jovino Lionel Muñoz Ulloa, 12.322.294-6

27 Ana María Cartes Muñoz 12.381.254-9

28 Margarita Alejandra Grandón Toledo 12.523.512-3

29 Reinaldo Fabricio Sánchez Sepúlveda 12.525.847-6

30 Henry Nelson Rivera Silva 12.928.820-5

31 Abraham Jacob Viveros Esparza 12.976.073-7

32 Andrés Marcelo Theza Miranda 13.223.861-8

33 Claudia Andrea Matus Sagredo 13.508.147-7

34 Cynthia Susana Puentes Robles 13.585.169-8

35 Soledad Andrea Araneda Peña 13.739.786-2

36 Fabiola Andrea Careaga Salgado 14.063.228-7

37 Israel Ananías Alarcón Hewitt 14.404.063-5

38 Sandra Ivón Moreno Figueroa 14.593.573-3

39 Marlise Heuser 14.725.672-8

40 Carlos Emmanuel Vidal Venegas 15.170.197-3

41 Yilian Regina Soto Pérez 15.185.931-3

42 Iván Alejandro Quintana Araneda 15.593.059-4

43 Karin Lina Concha Gajardo 15.671.398-8

44 Andrea Del Pilar Fuentes Mora 15.944.081-8

45 Pamela Nataly González Sepúlveda 16.036.553-6

46 Nathalie Carolain Valdebenito Aravena 16.286.109-3

47 Natalia Solange Bravo Friz 16.327.328-4

48 Natalia De Los Angeles Hidalgo Silva 16.472.052-7

49 Yasna Valeska Zapata Sanhueza 16.512.712-9

50 Nathalie Elizabeth Muñoz Solar 17.208.153-3

51 María Jesús Zambrano Figueroa 17.291.178-1

52 Connie Soledad Aguilera Vergara 17.558.323-8

53 Jesenia Amneris Gómez Vinet 17.896.988-9

54 Macarena Margarita Sandoval Toledo 17.898.031-9

55 Francisco Ignacio Saenz Celis 17.917.513-4

56 Diego Ignacio Garrido Ramírez 18.070.512-0

57 Aileen Soledad Campos Jorquera 18.814.428-4

58 Celinda Paulette Vega Sáez 19.036.507-7

59 Felipe Elías Jara Salcedo 19.089.011-2

60 Georgina Fabiola Gamonal Santos 19.107.118-2

61 Nicole Natalia Provoste Contreras 19.510.855-2

62 Luis Alejandro Cáceres Faundez 19.594.854-2

63 Karen Paulina Neira Rivera 20.032.984-8

64 Camila Alejandra Rojas Rojas 20.308.589-3

65 Heimy Paola Bustamante Vivas 26.357.997-6

66 Gabriela De Los Ángeles Zapata Quevedo 26.587.685-4

A su vez, la fecha de emisión de bonos, el número de estos y la

cantidad de prestaciones en cobranza, se detalla a continuación:

b) Respecto de las prestaciones médicas presentadas a cobranza,

donde la acusada Carrasco Godoy figuraba como beneficiaria y prestadora

a la vez, significó que FONASA le hiciera 55 pagos, correspondientes a

1.846 bonos emitidos por un total de 71.050 prestaciones no realizadas. La

fecha de emisión de los bonos, su número y cantidad de prestaciones en

cobranza, se indica a continuación:

c) Sobre los 6 folios de cobranza relativos a bonos de atención de

salud emitidos por la acusada sin que dichas prestaciones se hayan

verificado -respecto de los cuales FONASA ordenó que no fueran pagados-,

el n° de cada folio, su fecha de emisión, el monto líquido a pagar y su

equivalencia en unidades tributarias mensuales (UTM) se señala a

continuación:

7) Para resolver en la forma como se dijo en el veredicto

condenatorio, el Tribunal consideró los medios de prueba que se

expondrán a continuación:

a) El testigo Claudio Vargas Eggers, funcionario de la PDI señaló que

debió cumplir diligencias ordenadas por la Fiscalía, a propósito de una

querella criminal interpuesta por FONASA contra Paulina Carrasco Godoy,

a quien se le sindicaba como autora de un delito de fraude cometido

contra el Fondo Nacional de Salud, mediante la emisión de bonos de

atención de salud correspondiente a prestaciones médicas que ella nunca

realizó; dijo este testigo que según la información proporcionada por

Marcela Tapia, Directora Regional del Servicio y por la encargada de

Contraloría del Fondo, fueron alertados de una gran cantidad de

prestaciones, de cobros y pagos efectuados por FONASA a la acusada, por

un monto que excedía a los $7.000.000.000. Estas funcionarias señalaron

al detective Vargas, que personal del Fondo se constituyó en los domicilios

registrados por la prestadora sin ser habida. Agregó este testigo que la

Fiscalía le proporcionó un listado de 66 pacientes que registraban

atenciones con la acusada y que 10 de ellos aparecían recibiendo, más o

menos, el 80% de las atenciones médicas cobradas por la doctora Carrasco

Godoy; que al entrevistar a cinco de esas personas, ninguna de ellas

señaló haberse atendido con la enjuiciada entre diciembre de 2019 y junio

de 2020; una paciente, de nombre Aileen Campos Jorquera, le manifestó

que fue atendida por la doctora Carrasco en el Centro Médico Kenal (CM

Kenal), pero que al revisar ella su historial de atenciones médicas en

FONASA, se percató que registraba unas 500 consultas médicas con dicha

profesional, versión que se corroboró en la audiencia mediante la

exhibición al testigo Vargas del documento n° 135, correspondiente a un

certificado de bonos emitidos por FONASA para la paciente Aileen Campos

Jorquera durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el

31 de agosto de 2020, el documento fechado 11 de agosto de 2020 y

suscrito por Marcelo Mosso Gómez, Director Nacional de FONASA, registra

46.628 prestaciones médicas otorgadas a dicha paciente por la profesional

Rut 15.929.130-8, que corresponde a la acusada, entre el 16 de octubre de

2019 y el 6 de julio de 2020, concentrándose la mayor cantidad de esas

atenciones entre el 22 de mayo y el 6 de julio de 2020. Agregó el testigo

Vargas que tomó declaración a Marcela Tapia, Jefa Zonal de FONASA,

quien le señaló que la acusada suscribió contrato como prestadora del

Fondo a fines de 2019, quedando habilitada para emitir bonos de atención

de salud a través del Portal de FONASA;

b) Por su parte la testigo en Enigean Bello Bustos, también

funcionaria de la PDI, declaró en estrados que junto a sus colegas Juan

Carlos Estay y Maura Martínez Vielma, tomaron declaración a 10 testigos

que figuraban en el listado de beneficiarios atendidos por la acusada,

quienes señalaron que en alguna oportunidad dicha profesional los

atendió en el CM Kenal y que les había solicitado su carnet de identidad

para crear una ficha médica;

c) El comisario de la PDI, Rudy Vidal Pacheco señaló en el juicio haber

recibido de FONASA un listado con las atenciones médicas cobradas por

Paulina Carrasco Godoy en el período comprendido de junio a diciembre de

2020, en el cual figuraban cinco pacientes, entre ellos Aileen Campos,

Connie Aguilera, Doralisa Ávila, Juan Burdiles y otro testigo cuyo nombre

no recordó, quienes registraban una alta cantidad de atenciones médicas

con la acusada; al ser entrevistados todos ellos señalaron que la doctora

Carrasco los había atendido presencialmente en el CM Kenal durante el

año 2019, no el año 2020. Dado que la información recopilada no coincidía

con los antecedentes proporcionados por estos pacientes, el equipo

policial a cargo de la investigación, solicitó una orden de entrada y registro

del CM Kenal, que les permitió entrevistar a José Fernández,

representante legal de ese Centro Médico, él les señaló que la doctora

Carrasco había atendido pacientes en dicho lugar entre enero y marzo de

2020 y que en el box arrendado por ella se encontraron dos archivadores

con fichas clínicas de pacientes, todas con el nombre, Rut y número de

serie del carnet de identidad de cada uno de ellos. Éstos archivadores

conforman la evidencia material 78), elemento que se exhibió al testigo

Vidal Pacheco y que este reconoció, señalando que el archivador 1)

contenía las fichas clínicas de los pacientes ordenados desde la letra A) a

la L), mientras que el archivador 2) tenía las fichas clínicas de los pacientes

ordenados desde la letra M) a la Z), agregando que en las fichas clínicas

aparecía anotado el número de serie del carnet de identidad del paciente,

sin embargo, al ser ellos entrevistados, todos coincidieron en decir que no

fueron atendidos por la doctora Carrasco después del mes de enero de

2020. La información obtenida de lo declarado por los pacientes y el

contenido de las fichas clínicas incautadas fue analizada por el testigo Vidal

y su colega Mauricio Sánchez, cuyo resultado se encuentra en la evidencia

material 79), un pendrive que contiene dos archivos, uno denominado

“Detalle Ficha Clínica para Fiscalía” y otro llamado “Detalle Fichas Clínicas”,

en ellos se encuentran las fichas escaneadas, con un cuadro demostrativo

de las prestaciones y de la emisión de los bonos de atención de salud.

Sobre el archivo “Detalles Fichas Clínicas”, dijo que ahí estaba la

información de 361 pacientes cuyas fichas clínicas se encontraban en los

archivadores incautados desde el CM Kenal, agregando que para detallar la

información se confeccionó una tabla Excel compuesta por 8 columnas,

signadas desde la letra a) a la letra h, donde cada columna proporciona la

siguiente información: columna a), señala la fecha de creación de la ficha

clínica del paciente, data que coincide con la de su primera atención;

columna b), muestra el Rut del beneficiario; columna c), señala si el n° de

serie de la cédula de identidad del paciente estaba o no escrito en la ficha

clínica; columna d), muestra el número de atenciones recibidas por el

paciente y que están registradas en la ficha clínica; columna e), indica si el

paciente es o no de aquellos por los que la doctora cobró prestaciones que

no había realizado; columna f), señala la previsión de salud del paciente, si

es FONASA o ISAPRE; columna g), indica el número de atenciones del

paciente registradas en la ficha clínica; columna h), observaciones,

cualquier detalle que se observe en cada ficha clínica, por ejemplo, uso de

lápices de distinto color. En cuanto al archivo “Detalles fichas clínicas para

Fiscalía”, señaló que este contiene dos planillas, una con la misma

información anterior pero más ordenada para su remisión a Fiscalía y otra,

denominada “pacientes usurpados”, con la información filtrada de los

beneficiarios que fueron entrevistados y respecto de los cuales figuraba el

número de serie de su cédula de identidad en la ficha clínica. Agregó que

con la información obtenida en el informe policial se pudo concluir el

modus operandi de la acusada Carrasco Godoy: ella mantenía un listado

con los Rut y números de serie del carnet de identidad de pacientes

atendidos anteriormente; para emitir el bono de atención en MLE,

ingresaba al sistema “FRONT PRESTADOR”, digitando su Rut y contraseña,

luego ingresaba el Rut, el número de serie del carnet de identidad y el

código de la prestación o prestaciones supuestamente efectuadas,

generando atenciones médicas que no eran efectivas.

Al revisar la planilla “pacientes usurpados”, el Tribunal constató que

la nómina ahí contenida, es similar a la que se lee en el numeral 6) de este

considerando; asimismo, todas las personas que componen el listado, son

beneficiarios de FONASA. El detalle es el siguiente:

N° FECHA CREACIÓN

RUT N° N° SERIE

CARNET ID.

NOMBRE N° ATENCIONES

1 24-09-2019 16.327.328-4 518550525 NATALIA BRAVO FRIZ 4

2 24-09-2019 12.976.073-7 519311388 ABRAHAM VIVEROS ESPARZA 7

3 27-09-2019 11.447.980-2 108835796 MYRIAM PEREZ CARTES 2

4 30-09-2019 19.510.855-2 519069673 NICOLE PROVOSTE CONTRERAS 3

5 16-10-2019 18.814.428-4 516396979 AILEEN CAMPOS JORQUERA 3

6 17-10-2019 8.504.369-2 513177946 ENRIQUE DIAZ FUENTES| 3

7 23-10-2019 15.170.197-3 A027927142 CARLOS VIDAL VENEGAS 2

8 24-10-2019 11.149.795-8 511748209 JOSE PARRA FERREIRA 7

9 29-10-2019 19.036.507-7 519813180 CELINDA VEGA SAEZ 5

10 13-11-2019 12.523.512-3 100312895 MARGARITA GRANDON TOLEDO 5

11 20-11-2019 11.540.641-8 A021061391 MARCIA GONZALEZ URIZAR 4

12 27-11-2019 12.381.254-9 520497202 ANA CARTES MUÑOZ 3

13 04-12-2019 14.725.672-8 601841019 MARLISE HEUSER 3

14 19-12-2019 8.134.208-3 517592615 GLENDA AGURTO ESCALONA 6

15 26-12-2019 8.229.995-5 520460836 GRACIELA MUÑOZ ROA 2

16 30-12-2019 14.404.063-5 520618867 ISRAEL ALARCON HEWITT 2

17 30-12-2019 9.926.581-7 515596403 RITA FIGUEROA CARRASCO 1

18 31-12-2019 18.070.512-0 514458486 DIEGO GARRIDO RAMIREZ 1

19 31-12-2019 17.917.513-4 A030368679 FRANCISCO SAENZ CELIS 2

20 31-12-2019 14.593.573-3 515936505 SANDRA MORENO FIGUEROA 3

21 02-01-2020 8.879.995-K 110444915 ROSA FIGUEROA VINET 4

22 02-01-2020 12.525.847-6 A0282588666 REINALDO SANCHEZ SEPULVEDA 1

23 04-01-2020 15.944.081-8 105170892 ANDREA FUENTES MORA 2

24 07-01-2020 15.671.398-8 517957140 KARIN CONCHA GAJARDO 2

25 08-01-2020 16.512.712-9 511992164 YASNA ZAPATA SANHUEZA 1

26 09-01-2020 10.802.770-3 511548747 SANDRA OJEDA VIDAL 1

27 10-01-2020 11.449.007-5 512168796 JUAN BURDILES LERMANDA 1

28 10-01-2020 17.896.988-9 A024149421 JESENIA GOMEZ VINET 1

29 10-01-2020 12.322.294-6 A031850598 JOVINO MUÑOZ ULLOA 4

30 13-01-2020 10.959.967-0 516730710 GLORIA JARA VIDAL 1

31 15-01-2020 15.593.059-4 516694567 IVAN QUINTANA ARANEDA 2

32 16-01-2020 17.291.178-1 102030739 MARIA ZAMBRANO FIGUEROA 1

33 17-01-2020 19.594.854-2 106627497 LUIS CACERES FAUNDEZ 1

34 18-01-2020 10.694.933-6 108486258 DORALISA AVILA CANALES 1

35 18-01-2020 26.357.266-1 601505054 HEIMY BUSTAMANTE VIVAS 1

36 20-01-2020 17.898.031-9 512043992 MACARENA SANDOVAL TOLEDO 1

37 22-01-2020 19.089.011-2 515652444 FELIPE JARA SALCEDO 2

38 23-01-2020 17.208.153-3 517487058 NATHALIE MUÑOZ SOLAR 1

39 23-01-2020 8.758.984-6 515678975 MARGARITA SOLAR CAMPOS 1

40 24-01-2020 10.040.466-4 513393928 GABRIELA ALVAREZ ISLAS 3

41 24-01-2020 5.509.682-1 A024424250 ABRAHAM ROMERO MONTOYA 1

42 26-01-2020 20.308.598-3 513747415 CAMILA ROJAS ROJAS 2

43 27-01-2020 6.048.901-7 512038933 ROBERTO POZO CONTRERAS 1

44 28-01-2020 9.163.985-8 101323156 CLAUDIA ALARCON PASTORINI 1

45 28-01-2020 14.063.228-7 A030401846 FABIOLA CAREAGA SALGADO 2

46 28-01-2020 8.556.126-K 516406291 ROSITA CASTILLO ROA 2

47 28-01-2020 7.507.025-K 518038826 MERCEDES PEDREROS MATAMALA 5

48 28-01-2020 13.223.861-8 511614502 ANDRES THEZA MIRANDA 1

49 29-01-2020 12.071.142-3 520816999 CECILIA CANCINO AMPUERO 1

50 05-02-2020 20.032.984-8 513857921 KAREN NEIRA RIVERA 1

51 07-02-2020 7.167.626-9 515872166 ENRIQUE TORRES CACERES 2

52 08-02-2020 11.213.719-K 513314565 JOSE LAGOS ALVAREZ 1

53 08-02-2020 12.928.820-5 106735920 HENRY RIVERA SILVA 1

54 08-02-2020 11.635.902-2 104117666 TERESA RIVERA SILVA 1

55 11-02-2020 17.558.323-8 520620945 CONNIE AGUILERA VERGARA 1

56 11-02-2020 19.107.118-2 512515621 GEORGINA GAMONAL SANTOS 1

57 12-02-2020 16.036.553-6 108709843 PAMELA GONZALEZ SEPULVEDA 1

58 15-02-2020 16.472.052-7 520720083 NATALIA HIDALGO SILVA 1

59 18-02-2020 9.447.577-5 101543207 LUZ SAGREDO RUMINOT 1

60 21-21-2019 13.508.147-7 513.452.053 CLAUDIA MATUS SAGREDO 3

61 NO INDICA 10.635.579-7 513495133 EDITH PEREZ GARRIDO 2

62 11-09-2019 13.739.786-2 NO INDICA SOLEDAD ARANEDA PEÑA 6

63 07-10-2019 6.329.998-7 NO INDICA ALFONSO PARRA GARRIDO 2

64 02-01-2020 16.286.109-3 NO INDICA NATHALIE VALDEBENITO ARAVENA 1

65 28-01-2020 15.185.931-3 NO INDICA YILIAN SOTO PEREZ 1

66 18-02-2020 9.447.577-5 101543207 VICTOR VEGA PICERO 1

Asimismo, al testigo Vidal Pacheco se le exhibió la evidencia material

81), consistente en un Pen Drive color negro, marca VERBATIM, que

contiene cuatro archivos denominados: i) “Detalle FAM por paciente”; ii)

“General FAM por paciente”; iii) “Detalle de pago por parte de FONASA a la

doctora Carrasco Godoy” y, iv) “Detalle filtrado enero a julio 2020”.

i) Respecto del primer archivo el funcionario policial explicó que el

“Detalle FAM por paciente”, contiene los pagos que FONASA hizo a la

doctora Carrasco Godoy por cada paciente, agregando que FONASA le

entregó una nómina con los pacientes que nunca recibieron prestaciones

efectivas –y que son los mismos que se leen en el listado anterior-,

información que le permitió confeccionar planillas por cada beneficiario

conforme a los siguientes ítems: a), folio del bono; b), código asignado a la

sucursal que emitió el bono, en todos los beneficiarios es el n° 1326666; c)

modalidad de emisión/compra del bono, todos emitidos y comprados en la

plataforma “Web Prestador”; d) y e), señala el código de la región y región

de emisión del bono; por defecto del sistema el código es 13 y la región,

Metropolitana; f) y g), señala código de la comuna y la comuna de emisión

del bono; por defecto del sistema el código es 13101 y la comuna, Santiago;

h), Rut cajero, se repite el n° 0013266666-0, el que es arrojado de forma

automática por el sistema, ya que la plataforma FRONT PRESTADOR supone

la existencia de un solo cajero; i), folio pass, lo proporciona el sistema; j),

fecha de emisión del bono; k), Rut del cotizante o beneficiario; l), Rut del

paciente, a cuyo nombre se emite el bono; m y n), Rut y nombre del

prestador, en todos los bonos emitidos se repiten el n° 0015929130-8, y el

nombre CARRASCO GODOY PAULINA PAMELA, es decir, identifica a la

acusada como la prestadora que ingresó al sistema y emitió el bono de

atención; o), p), q), r), nivel o tramo FONASA del afiliado, Ind. bono

trámite, código de la solicitud y estado del bono, en todos estos casos los

guarismos los entrega el sistema; s) y t), correlativo detalle y correlativo

prestaciones, ambos obtenidos del sistema; u) y v), código de prestación y

descripción de la prestación, son datos que ingresa quien emite el bono,

debiendo ambos guardar relación entre sí; sobre este punto el testigo

Vidal señaló que llamaba la atención que había muchas prestaciones por

endoscopia, taponaje nasal y otras intervenciones; w), recargo por hora de

la atención, para distinguir si la prestación se realizó en horario diurno o

nocturno, valor que arroja el sistema; x), cantidad de prestaciones

realizadas, información agregada por el profesional que emitió el bono; en

este caso, dijo el testigo, la doctora Carrasco Godoy emitió bonos con más

de 900 prestaciones; esto era posible porque el sistema permitía ingresar

hasta 5 prestaciones por bono y cada una de ellas con un tope de 999

prestaciones. Por ejemplo, el 22 de junio de 2020, siempre a las 18:15 horas,

ella brindó al paciente Rut 14.404.063-5 –Israel Ananías Alarcón Hewitt-,

las siguientes prestaciones:

y), valor total de cada prestación; z), monto del préstamo que

FONASA otorgaba al beneficiario para realizar la prestación, valor

entregado por el sistema, inmodificable; aa), monto del copago, de cargo

del beneficiario al momento de comprar el bono; ab), monto FAM,

correspondiente a la cobertura de FONASA y que se traducía en el pago

que el Fondo hacía a la doctora Carrasco Godoy por cada prestación

cobrada por ella; ac), fecha y hora de emisión del bono, dato arrojado por

el sistema; ad), Rut de la persona que emite bono, dato arrojado

automáticamente por el sistema y que, en todos estos casos correspondía

al de la acusada, cuya especialidad o profesión se debía estar relacionada

con la prestación que supuestamente realizaba. Añadió que al final de cada

una de las 67 planillas está la sumatoria de los montos totales de la

prestación (c0lumna y), del copago (columna aa) y de la cobertura FAM

aportada por FONASA (columna ab);

ii) En cuanto al segundo archivo, denominado “General FAM por

paciente”, explicó que en él aparece el Rut del beneficiario, el monto de

pago bruto, el monto del copago y el monto del pago FAM por cada

beneficiario; es un listado de 67 pacientes, cuyos pagos FAM suman un

monto total de $7.350.155.432, y que incluye los bonos que la acusada

emitió para ella misma, plasmados en la fila 44, los que suman un total de

$324.462.350. La nómina es la siguiente:

En el ejemplo del archivo i) anterior, el paciente Israel Ananías

Alarcón Hewitt, Rut 14.404.063-5, n° 37 de esta nómina, generó,

supuestamente, prestaciones por un total de $1.197.001,526,

correspondiéndole un co-pago de $ 823.032,652, mientras que FONASA

debió cubrir y, en definitiva, pagarle a la doctora Carrasco Godoy la suma

de $ 373.968,874, por prestaciones que ella nunca realizó;

iii) El tercer archivo es el “Detalle de pago por parte de FONASA a la

doctora Carrasco Godoy. Se trata de un archivo PDF de una hoja que

contiene una tabla elaborada por el testigo con las siguientes columnas: i)

fechas de pago, que son las fechas en que FONASA pagó las prestaciones a

la doctora -el primer pago fue el 6 de enero de 2020-; ii) medio de pago,

señalando las cuentas bancarias a las que se transfería el dinero, son dos

cuentas del BECH y una del Banco Santander, la que registra sólo dos

transferencias efectuadas en el mes de junio de 2020; iii) el número de

cuenta del prestador, a quien se le hace el pago; iv) el estado, es decir, si la

cobranza está pagada o no ; v) el monto que corresponde al pago FAM; vi)

el total pagado por mes. Señaló que esta tabla refleja los montos

trasferidos mensualmente durante el año 2020 a la doctora Carrasco

Godoy: Enero $1.079081; Febrero $12.474.538; Marzo $25.309.168; Abril

$161.372.952; Mayo $346.539.941; Junio $4.528.787.761; Julio $30.168.729.

Total: $5.105.731.170. Explicó que el incremento observado se justifica

porque la acusada fue ingresando cada vez más prestaciones a cobranza;

añadió que hubo tres vales vistas que FONASA retuvo al percatarse del

fraude y que correspondían al pago de bonos emitidos por la acusada, los

que no fueron pagados. Ellos aparecen registrados en la segunda tabla,

indicándose sus fechas de emisión y montos: i) Vale vista de 26 de junio de

2000, por $307.478.654; ii) Vale vista de 30 de junio de 2020, por

$158.511.181; iii) Vale vista de 01 de julio de 2020, por $561.011.814; iv) Total:

$1.102.7001.649;

iv) El cuarto archivo corresponde al “Detalle filtrado enero a julio

2020”, conteniendo las prestaciones cobradas por la acusada y los pagos

que le hizo FONASA; las columnas de la planilla Excel son las siguientes: a),

folio del bono; b), código asignado a la sucursal que emitió el bono, se

repiten los guarismos 1326666, correspondiente a “Sucursal Web Prestador

2019” y 0804904, correspondiente a Paulina Carrasco Godoy, sin embargo,

este último código no señala fecha de emisión, ni Rut del emisor y

desaparece de la nómina a contar del 17 de febrero de 2020; c) modalidad

de emisión/compra del bono, emitidos y comprados desde la “Sucursal

Web Prestador” y emitidos por la acusada hasta el 17 de febrero de 2020;

d) y e), señala el código de la región y región de emisión del bono; por

defecto del sistema, en los bonos web el código es 13 y la región,

Metropolitana, mientras que los bonos a nombre de la acusada, registran

el código 08 y región del Biobío; f) y g), señala código de la comuna y la

comuna de emisión del bono; por defecto del sistema para los bonos web,

el código es 13101 y la comuna, Santiago, mientras que para los bonos a

nombre de la acusada se señala 08101, Concepción; h), Rut cajero, para los

bonos web se repite el n° 0013266666-0, arrojado de forma automática por

el sistema, para los bonos emitidos por la acusada señala 15.929.130-8; i),

folio pass, lo proporciona el sistema; j), fecha de emisión del bono, el

primero se emite el 2 de enero de 2020, para el cotizante/paciente Rut

16.286.109-3, el 6 de julio de 2020, se emitió el último para la

cotizante/paciente Rut 18.814.428-4 –Aileen Campos Jorquera-; todos los

bonos que siguen –emitidos el 8 de julio de 2020-, son para la

cotizante/paciente Rut15.929.130-8, es decir, para la acusada; k), Rut del

cotizante o beneficiario; l), Rut del paciente, a cuyo nombre se emite el

bono; m y n), Rut y nombre del prestador, en todos los bonos emitidos se

repiten el n° 0015929130-8, y el nombre CARRASCO GODOY PAULINA

PAMELA, es decir, identifica a la acusada como la prestadora que ingresó al

sistema y emitió el bono de atención; o), p), q), r), nivel o tramo FONASA

del afiliado, Ind. bono trámite, código de la solicitud y estado del bono, en

todos estos casos los guarismos los entrega el sistema; s) y t), correlativo

detalle y correlativo prestaciones, ambos obtenidos del sistema; u) y v),

código de prestación y descripción de la prestación, datos ingresados por

quien emite el bono, los que deben guardar relación entre sí; w), recargo

por hora de la atención, x), cantidad de prestaciones realizadas,

información agregada por el profesional que emitió el bono; por ejemplo,

el 6 de julio de 2020, entre las 18:14 y las 18:27 horas de ese día, para la

cotizante/paciente Rut 18.814.428-4 –Aileen Campos Jorquera-, aparecen

las siguientes prestaciones:

Cabe señalar que la paciente Aileen Campos Jorquera, aparece en el

archivo, denominado “General FAM por paciente” –ordinal ii) anterior-, con

monto total de prestaciones por $$ 6.690.600.650, con un copago

ascendente a $4.600.219.264, y con un FAM a cargo de FONASA por $

2.090.381.386.

Agregó el testigo Vidal que el 8 de julio de 2020, entre las 14:46 y las

14:49 horas de ese día, la propia acusada aparece como beneficiaria y

prestadora, de las siguientes prestaciones: