Recurso de queja - Corte de Apelaciones

NN  Numerio Negidio

EN LO PRINCIPAL: Interpone fundado recurso de queja. EN EL PRIMER OTROSÍ: En subsidio, solicita ejercicio de facultades oficiosas. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. EN EL TERCER OTROSÍ: Se traiga a la vista el expediente. EN EL CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.

EXCMA. CORTE SUPREMA

RAUL TAVOLARI OLIVEROS y LUIS EDUARDO TORO BOSSAY, abogados, por su representada Gestora Omega Limitada Holding y Compañía en Comandita por Acciones, a S.S. Excma. respetuosamente decimos:

En conformidad a lo dispuesto por los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en la representación que investimos y encontrándonos dentro del término legal, deducimos recurso de queja en contra de las Señoras Ministros de la 4° Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Señoras Adelita Inés Ravanales Arriagada, Mireya Eugenia López Miranda y Verónica Cecilia Sabaj Escudero (en adelante, todas ellas conjuntamente “las Ministros”), en atención a las graves faltas o abusos cometidos al pronunciar la sentencia de 30 de mayo de este año, en los autos sobre recurso de queja Rol IC Civil-Ant-11.956-2017, caratulados “Gestora Omega Limitada Holding y Compañía en Comandita por Acciones con Víctor Vial del Río”, notificada a las partes por el estado diario en la misma fecha, todo ello en virtud de los antecedentes que paso a exponer:

Desde ya hacemos presente a S.S. Excma. la gravedad de las faltas o abusos en que han incurrido las Señoras Ministros, por cuanto ellas, en su fallo, en nuestro concepto, transformaron las faltas o abusos alegadas por esta parte y sometidas a su conocimiento, de cuestiones graves susceptibles de impugnarse por esta vía, en otras, parecidas pero no equivalentes, para hacerlas encuadrar dentro de la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores lo que justificó su renuencia a conocer y sancionar las conductas denunciadas, acogiendo el recurso de queja deducido.

Es así como: 

(i) La primera falta o abuso alegada, esto es, que el Arbitrador falló en contra de la Ley del Contrato, la desestimaron las Señoras Ministros, recordando la procedencia de que un arbitrador falle contra derecho – cuestión no discutida – para así, equivocadamente, desconocer que lo imputado era que, en este caso concreto, el Árbitro falló contra lo expresamente previsto por las partes, situación que sí ha sido calificada por la jurisprudencia como una infracción grave que justifica se acoja un recurso de queja; 

(ii) La segunda falta o abuso alegado, esto es, la ausencia de prueba para haber dado por establecido la supuesta iliquidez de las acciones de SMU, fue soslayada por vía de razonar las Señoras Ministros en los considerandos de su fallo acerca de la “ponderación de la prueba” dejando de lado la grave circunstancia alegada por esta parte en orden a que no se agregó prueba para sustentar la decisión del Laudo en esta materia;  

(iii) Se omite, en la resolución que impugnamos, cualquier pronunciamiento respecto del hecho sobreviniente de la relación existente entre el señor Árbitro y el testigo principal de la demandante, sosteniéndose que los apoderados de los litigantes expresamente concordaron que aquello no formaba parte del recurso de queja, lo que no se condice con el mérito de autos, en los que incluso se acompañó un informe en derecho sobre la materia y se aparta de las mejores prácticas internacionales en materia de inhabilidades. Lo único cierto, es que se trata de un hecho sobreviniente y, lo que es más importante, que la relación del Árbitro con el testigo que motiva la inhabilidad del primero jamás fue controvertida y que esta circunstancia es precisamente de aquellas materias que deben ser ponderadas al evaluar la responsabilidad disciplinaria de un sentenciador. Sin embargo, las Señoras Ministros optaron por desatender a ello y no emitir pronunciamiento tolerando esta circunstancia. Cuestión similar ocurre con la ponderación del hecho propio de la actora que emana del mérito del expediente arbitral y su manifiesta contradicción con lo resuelto, lo que agrava las faltas denunciadas. 

Nadie puede dejar de advertir, el ancho margen dentro del cual se desenvuelven los arbitradores, pero de tan indiscutida característica, no se puede concluir que no existen graves faltas o abusos enmendables por vía del recurso de queja y, si existiendo dichas graves circunstancias el tribunal superior que conoce de un recurso de queja, tolera y convalida las  infracciones del arbitrador y para ello se aparta de lo precisamente denunciado por el quejoso, incurre también en una grave falta enmendable por un recurso de queja.

 

 Las Señoras Ministros omitieron pronunciarse derechamente sobre las faltas o abusos graves sometidos precisamente a su conocimiento y, en nuestro concepto, desnaturalizaron lo pedido, con lo que, respaldadas por alguna jurisprudencia formalista inaplicable a los hechos denunciados, renunciaron tanto a su deber de conocer y resolver las materias que fueron sometidas a su conocimiento como al de controlar las actuaciones de un Árbitro, incurriendo de esta forma en las faltas y abusos que pasamos a desarrollar.

 A) DEL RECURSO DE QUEJA Y SUS REQUISITOS DE PROCEDENCIA

1.1.- PROCEDENCIA DEL RECURSO EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA

1. En conformidad a lo dispuesto por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja procede respecto de faltas o abusos que se cometan con ocasión de la dictación de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, o de sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

2. La sentencia con ocasión de la cual las Señoras Ministros

incurrieron en las faltas y abusos objeto del presente recurso,

tiene la naturaleza de definitiva, por cuanto se pronuncia

respecto de un recurso de queja interpuesto en contra de un

Árbitro arbitrador, el cual, en conformidad a lo dispuesto en el

artículo 63 N°1 letra c) del Código Orgánico de Tribunales, es

conocido por las Iltmas. Cortes de Apelaciones en “única

instancia”. De esta forma, la sentencia que se pronuncia sobre

dicho recurso pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o

asunto objeto del juicio, por lo que, a partir de lo establecido en

el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, se concluye

que la sentencia que falla el recurso de queja es una sentencia

definitiva, quedando por lo tanto cumplido el requisito asociado a

la naturaleza jurídica de la resolución.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el recurso resulta también

procedente en atención a la superintendencia correccional que

corresponde a la Excma. Corte Suprema de Justicia, en

atención a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución

Política de la República, la cual se extiende a prácticamente

todos los tribunales del país, incluidas las Cortes de Apelaciones

que también se encuentran sometidas a tal control disciplinario

4. En ocasiones, VE ha admitido y tramitado recursos de queja

interpuestos en contra de Ministros de Corte que fallaron, a su

turno, recursos de queja. Así aconteció, por ejemplo, en la

causa ingreso VE rol nº Nº 3310-12. En otras, tras negar lugar al

recurso, VE ha hecho uso de sus facultades constitucionales y

legales oficiosas, para poner pronto remedio al mal que lo

motiva. De este modo, ocurrió, por ejemplo, en la causa ingreso

VE rol Nº Nº 22.387-2014.

1.2.- DEL PLAZO DEL RECURSO DE QUEJA

5. En la especie, la resolución que motiva el recurso es la

sentencia definitiva de única instancia de fecha 30 de mayo de

2018, notificada por el estado diario de la misma fecha, de modo

que esta parte se encuentra dentro del término legal para

interponer el recurso.

1.3.- DE LOS DEMÁS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL

RECURSO DE QUEJA

6. El presente recurso cumple adicionalmente con todos los

requisitos establecidos en el artículo 548 del Código Orgánico

de Tribunales. 

7. En efecto:

a. Tal como consta en el Tercer Otrosí de este libelo, el

presente recurso es patrocinado por abogados habilitados;

b. En el cuerpo del escrito se individualizan nominativamente

a las Señoras jueces recurridas, en este caso las Ministros

de la 4° Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago,

Señoras Adelita Inés Ravanales Arriagada, Mireya Eugenia

López Miranda y Verónica Cecilia Sabaj Escudero;

c. En el Segundo Otrosí del libelo se acompaña copia íntegra

de la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2018;

d. En el cuerpo de este escrito se consignan las demás

enunciaciones del inciso tercero del citado artículo 548 del

Código Orgánico de Tribunales; y

e. En el Segundo Otrosí de este libelo se acompaña el

certificado a que se refiere el inciso cuarto del artículo 548

del Código Orgánico de Tribunales.

B) PRIMERA FALTA O ABUSO: LAS SENTENCIADORAS SE APARTAN DEL RECURSO DE QUEJA Y NO SE PRONUNCIAN RESPECTO A LA INFRACCIÓN DE LA LEY DEL CONTRATO POR PARTE DE UN ÁRBITRO ARBITRADOR

8. Lo sometido al conocimiento de las Señoras Ministros, en lo que

interesa para este capítulo, fue la falta o abuso grave cometida

por el Árbitro Arbitrador, señor Víctor Vial del Río al haber

infringido la Ley del Contrato celebrado por las partes en 3

formas:

(i) La primera infracción a la Ley del Contrato en que incurrió

el Árbitro, consistió en haberse apartado del claro tenor

literal del contrato, inequívocamente redactado por partes

sofisticadas y expertas, lo que le llevó a torcer el

significado preciso y claro que las partes quisieron darle al

Artículo Cuarto inciso segundo del Pacto, al extremo de

eliminar mental y materialmente el adverbio “sólo”, para

luego agregarle al listado de situaciones que incluye ese

término (la inscripción y registros), otras circunstancias

que la cláusula no contemplaba, como los son los

conceptos de “criterios de operación”, “liquidez” y “precio

razonable”

(ii) La segunda infracción a la Ley del Contrato, consiste en

que el Árbitro integró arbitrariamente a la Condición, lo

dispuesto en el inciso primero del Artículo Cuarto,

incorporando de esta forma a la Condición una exigencia

de contenido indeterminado (“criterios de operación”), que

no fue precisado por las partes en el Pacto.

(iii) Finalmente, la tercera y flagrante infracción del Árbitro a la

Ley del Contrato, consiste en incorporar a la Condición el

elemento “liquidez”, que LAS PARTES

DELIBERADAMENTE HABÍAN EXCLUIDO DEL PACTO.

Ante esta exclusión en la clara literalidad de la cláusula

(de la liquidez), el Árbitro “sale a buscar” este elemento a

otro contrato celebrado entre las partes – la Promesa – so

pretexto de aplicar el artículo 1564 del Código Civil y, al

hacer ello, incurre en infracciones de doble faz:

 (i) activas, al infringir cláusulas expresamente pactadas

 por parte sofisticadas, y

 (ii) falsa aplicación, al incluir elementos que

fueron expresamente excluidos por las partes.

En cuanto a las infracciones activas, el Árbitro viola e

incumple la clara voluntad de las partes expresada en la

Ley del Contrato, específicamente en la cláusula 8.7 del

Pacto, que reza: 

😀

Pero lo más grave está en que, además al integrar el Pacto

con la Promesa, violando con ello la Ley del Contrato, el

Árbitro incorporó en el primero, precisamente, aquello que

las partes expresamente decidieron excluir y omitir en él

(nuevamente torciendo la clara Ley del Contrato, esta vez por

la vía de reincorporar lo que las partes habían explícitamente

excluido).

En efecto, mientras la cláusula de la Promesa alude a la

“intención”, pero no a la condición, de que “se buscará 

inscribir la Sociedad Holding como sociedad anónima abierta

y abrirla a la bolsa, otorgándoles con ello liquidez a sus

accionistas”; el inciso primero del Artículo Cuarto del Pacto

mantiene dicha “intención”, pero la modifica su contenido, ya

que excluye y no contiene referencia alguna a la obtención

de “liquidez”, lo que no es fruto del azar o de la casualidad,

sino que una decisión consciente, adoptada

deliberadamente por partes sofisticadas al momento de

redactar el Pacto:

💭

9. La trascendencia de la falta o abuso denunciada queda de

manifiesto ya que desnaturaliza lo pactado, llevándolo a una

cuestión que jamás estuvo en la mente de las partes.

10. Las Señoras Ministros en el Considerando Cuarto de su fallo,

afirman que “el recurrido actuó en calidad de Árbitro arbitrador,

quien tiene plena libertad para desatender la normativa legal

vigente…”, cuestión que es sobradamente sabida y que nada

tiene que ver con la infracción que se sometió a conocimiento de

éstas. Sin perjuicio que, cuando un arbitrador decida apartarse

de la ley, debe explicar y justificar por qué en el caso concreto

la solución más equitativa es la contraria a la norma, cuestión

que por cierto no ocurrió en el caso en que incidió el recurso de

queja conocido por la Iltma. Corte de Apelaciones.

11. Pero insistimos, esta parte no hizo constituir el abuso grave del

Árbitro en la infracción de una o más normas legales, sino que

en la infracción de la Ley del Contrato, materia que fue

soslayada en la sentencia de la I. Corte.

12. Es más, la sentencia en el considerando Sexto lisa y llanamente

pone en boca de esta parte una infracción que jamás se alegó,

esto es que se hubiere “fallado contraviniendo la ley o aplicando

normas legales que no eran pertinentes”.

13. Por si pudiere caber cualquier duda sobre la tergiversación en

que incurre la sentencia, ésta se desvanece con la sóla

observación de la parte pertinente del recurso de queja que

conocieron las Señoras Ministros, que se copia a continuación:

💭

14. Queda así, en evidencia, que las Señoras Ministros se apartaron

de la infracción precisa y concreta sometida a su conocimiento.

15. Es indiscutible que la calidad de arbitrador no faculta a un

árbitro para apartarse o desconocer la Ley del Contrato y si

lo hace, incurre en una falta o abuso grave enmendable por la

vía de un recurso de queja.

16. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, señalando “que la

circunstancia referida por el árbitro, en cuanto a que obró

dentro de sus atribuciones y en prudencia y equidad, no le

permite separarse de lo acordado por los contratantes,

voluntad que fue plasmada en la escritura de promesa de

compraventa, y que es ley para los contratantes”

1

.

17. En el mismo sentido se ha resuelto que “al haber ordenado el

pago de $58.410.000 por concepto de rentas de

arrendamiento, el árbitro recurrido actuó con falta o abuso

grave, porque desatendió la trascendencia de los hechos

que el mismo tuvo por establecidos, a la vez que desatendió

el acuerdo contractual de las partes, ante una situación

prevista por ellas, lo que es ajeno a las razones de

prudencia y equidad con las que debe ejercer su cargo”

2

.

18. En resumen, las Señoras Ministros incurren en falta o abuso al

no resolver la cuestión precisa sometida a su conocimiento –

infracción de la Ley del Contrato – y al atribuir a esta parte una

alegación que no hizo – infracción de ley – y esta falta es grave,

ya que de acuerdo a la jurisprudencia citada, no está dentro de 

1

ICA de Santiago, Rol N°6514-2010, de fecha 20 de abril de 2011.

2

ICA de Santiago, Rol N°1820-2011, de fecha 24 de octubre de 2011

las facultades de un arbitrador violar la ley del contrato, ni

aún so pretexto de la justicia y equidad, de modo que al hacerlo,

incurre en una causal que amerita se acoja la queja.

19. A este respecto la jurisprudencia ha señalado que “la

circunstancia que las partes hayan facultado al árbitro para

actuar como arbitrador y por lo tanto, resolver conforme a

lo que su prudencia y equidad le dictaminen, no significa

que pueda incluir cuestiones que no han sido sometidas a

su conocimiento o, lo que es más, respecto de las cuales

las partes no han planteado divergencia ni dificultad de

interpretación, alterando incluso los términos de la promesa

de compraventa (…)”

3

.

C) SEGUNDA FALTA O ABUSO: LAS SEÑORAS MINISTROS

SE APARTAN DEL RECURSO DE QUEJA Y NO SE

PRONUNCIAN RESPECTO A LA FALTA Y ABUSO EN QUE

INCURRIÓ EL ÁRBITRO CONSISTENTE EN HABER

FALLADO SIN PRUEBA

20. Como se señaló, en el recurso de queja que conocieron las

Señoras Ministros, las faltas y abusos denunciados incidieron en

que el Árbitro, en forma caprichosa, incorporó a la Condición

pactada, no sólo los criterios de operación, sino que la exigencia

de “liquidez” y “precio razonable”. Pero esto no bastaba para

acoger la demanda, ya que se requería en el proceso lógico de

fundamentación del Laudo, dos pasos adicionales: (i) determinar

los alcances y contornos de la Condición, y (ii) una cuestión

fáctica pero ineludible, que era demostrar que, en los hechos,

3

ICA de Santiago, Rol N°8363-2013, de fecha 29 de enero de 2014.

había resultado ilusorio para Corniglia obtener la pretendida

liquidez, lo que se debía fundar en prueba.

21. Utilizamos la palabra ilusorio, pues ésta es la categórica

conclusión a la que el Árbitro arriba en su Laudo:

💭

22. Sobre este particular, esta parte alegó en forma precisa y

concreta que el Árbitro dio por establecido el hecho – la

imposibilidad de obtener liquidez – sin que se hubiere rendido

prueba alguna en tal sentido.

23. No obstante la claridad de la falta o abuso denunciada,

nuevamente las Señoras Ministros desvían la discusión a una

materia similar pero no idéntica, esto es – como se señala en el

Considerando Sexto – “la valoración que se hiciera de las

pruebas que se aportaron”, calificando luego que ésta no sería

“del agrado del quejoso” lo que “excede los márgenes del

recurso disciplinario que se analiza”.

24. Nuevamente se tergiversa la falta o abuso denunciado por esta

parte, para establecer la discusión en una materia más pacifica

que justifique el rechazo formal del recurso (la ponderación de la

prueba).

25. Pero es del caso destacar enfáticamente que eso no fue lo que

alegó esta parte, para lo cual y despejando cualquier duda,

basta transcribir el título de la parte pertinente del recurso de

queja del que conoció la Ilustrísima Corte de Apelaciones:

😑

26. En efecto, se sometió a conocimiento de las Señoras Ministros

la denuncia de una infracción específica, consistente en que se

dio por establecido un hecho negativo – la ausencia de liquidez -

- sin que dicha decisión del Árbitro se hubiere fundado en el

mérito de autos.

27. Insistimos en que no se trata de un problema de ponderación de

prueba – como se afirma por las Señoras Ministros – sino que

de la ausencia de la misma.

28. De este modo, al haberse omitido pronunciamiento sobre esta

denuncia, las Señoras Ministros han incurrido en una falta o

abuso, la que no puede sino ser calificada como grave, ya que

una vez más se desentienden de su obligación de control

disciplinario del Árbitro, el cual incurriendo, a su vez, en esta

grave falta o abuso, condena a nuestra representada a una

millonaria e impertinente suma de dinero, permitiendo el

enriquecimiento sin causa del actor.

29. Al igual que en el capítulo anterior, las Señoras Ministros

alteraron el foco de la discusión para dejarlo, arbitrariamente, en 

un problema de ponderación de prueba, con lo cual evitan entrar

al fondo del asunto y esgrimen razones formales para rechazar

el recurso, tolerando una conducta inadmisible para un Árbitro,

aún cuando sea arbitrador.

30. Para el sólo efecto de dar contexto a SS. Exma., si aceptáramos

que la Condición del Pacto de Accionistas sub-lite incluyera las

exigencias planteadas por el Árbitro, esto es, que no bastaba

con la inscripción, sino que debían concurrir los “criterios de

operación” que garantizaran “liquidez” a Corniglia y a un precio

“razonable” por sus acciones, para así poder resolver que la

Condición negativa se había cumplido, el Árbitro debió dar por

establecido que, luego de la inscripción de las acciones en una

bolsa de valores, Corniglia decidió vender sus acciones y no

pudo hacerlo en un precio razonable.

31. Sin embargo el mérito de autos es muy distinto: ninguna

prueba rola en los autos arbitrales que de cuenta que

Corniglia haya intentado – y fracasado – en vender sus

acciones a un precio razonable.

32. No hay constancia alguna de que haya intentado vender sus

acciones o hacer una colocación secundaria, contactado un

banco de inversión, efectuado un road show, abierto un proceso

de ofertas públicas sin interesados, etc.

33. De acuerdo a las normas del onus probandi, quien alega la

existencia de una obligación – en este caso, la obligación de mi

representada de concurrir al PUT – debe probarlo y, en

consecuencia, debe acreditarse que todas las condiciones de

que pendía la existencia y exigibilidad de dicha obligación se

han cumplido.

34. Así las cosas, es un hecho que no podrá ser desmentido, el que

en los autos en que incide el recurso no obra prueba alguna

que acredite que Corniglia intentó colocar sus acciones en

Bolsa y le fue imposible o le ofrecieron un precio no

razonable por ello (cualquiera que sea lo que debamos

entender por “precio razonable”).

35. A pesar de lo que se ha señalado y de lo que claramente se

denunció como falta o abuso, las Señoras Ministros soslayan

esta insubsanable ausencia de prueba y la mutan a un supuesto

– y no denunciado – problema de ponderación de prueba,

actitud y decisión que constituye una nueva falta o abuso de

éstas, cuya gravedad está dada porque, tal como lo ha

reconocido la jurisprudencia, el resolver sin prueba es una falta

o abuso, de tal gravedad, que amerita el acoger el recurso de

queja.

36. Así, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que “10. (…)

Lo demandado por perjuicios dice relación, justamente, a las

partidas que quedaron excluidas del contrato original, por lo que

a todas luces no correspondía fijar indemnización alguna y

menos como argumenta el juez cuando atribuye que se habría

incurrido en conductas abusivas de parte de algunos empleados

de SQM. Por otra parte, razón tiene el recurrente cuando

reclama que el J. no tenía antecedentes que respaldara la

decisión de fijar en la suma que lo ha hecho. Si bien el J.

Árbitro tiene amplias facultades para tramitar y conocer de 

los antecedentes sometidos a su decisión, ello no puede

significar una decisión sin un antecedente serio que avale

una decisión, lo que no ha ocurrido en la especie y esta Corte

comparte lo razonado por el recurrente en el sentido que ello

constituye una falta grave y esa conducta debe ser enmendada

por esta Corte”

4.

37. En este mismo sentido se ha fallado que el Árbitro Arbitrador, en

el desempeño de su encargo, actúa conforme a derecho en

cuanto sus decisiones se encuentren debidamente

justificadas y asentadas por las PRUEBAS aportadas por

las partes al proceso5

.

38. Recientemente se resolvió “Que en definitiva, se ha cometido en

la dictación de la sentencia que se revisa, una falta o abuso

grave al acoger las demandas y condenar a la demandada al

pago de las sumas de dinero que se indican en su parte

resolutiva, no obstante que la demandada comunicó

oportunamente que no llevaría a efecto el negocio, siendo

desconocido este hecho por la corredora, al intentar que

igualmente se llevara a cabo; y, como ello no ocurrió, se le inició

el juicio arbitral, para hacer efectivas las garantías;

antecedentes que se desprendían de la prueba rendida por

la demandada y que el señor juez árbitro no analizó e

ignoró”. Agrega la misma sentencia en el considerando 15 “que

en juicios de esta naturaleza, es improcedente fundar la decisión

sólo en la aplicación del artículo 1545 del Código Civil, sin

hacerse cargo de la prueba y de las alegaciones o defensas 

4 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 6207-2011, de fecha 5 de marzo de 2012.

5

 Corte de Apelaciones de Santiago, 17 de Julio de 2008, citado por “Informativo on line CAM Santiago

N°9/2011”.

que formulen las partes, pues ello resulta contrario al

derecho de defensa, que incluso también aquí deben

resguardarse y respetarse, pues se trata de un derecho

constitucional reconocido en el artículo 19 N°3 de la Carta

Fundamental”

6

.

39. En resumen, frente a la concurrencia de la grave falta plasmada

en el Laudo, de haber establecido el cumplimiento de la

condición negativa del Pacto de Accionistas, sin que exista

prueba alguna en los autos sub-lite que permitieran acreditarlo,

materia específicamente sometida a su conocimiento, las

Señoras Ministros no se ocupan del conflicto, no reparan en lo

realmente solicitado y, de este modo, se sustraen de su

obligación de control de las conductas graves que se imputan al

Árbitro. Al actuar de esta forma, las propias Señoras Ministras

incurren también en una grave falta o abuso.

D) TERCERA FALTA Y ABUSO: OMISIÓN DE CONSIDERAR

LOS HECHOS SOBREVINIENTES QUE DAN CUENTA DE LA

CONCURRENCIA DE UNA CAUSAL QUE COMPROMETE LA

INDEPENDENCIA DEL ÁRBITRO Y EL MÉRITO DE AUTOS

QUE DA CUENTA DEL ACTO PROPIO DE LA ACTORA –

CONTRADICTORIO CON LO RESUELTO -- PARA EFECTOS

DE CALIFICAR LA GRAVEDAD DE LAS CONDUCTAS DEL

ÁRBITRO Y EJERCER SUS FACULTADES CORRECTIVAS

40. Inexplicablemente, las Señoras Ministros prescinden de ejercer

su potestad correctiva y sancionatoria al dejar de fiscalizar la

conducta ministerial del señor Árbitro desentendiéndose de la

6 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3914, de fecha 22 de agosto de 2017.

inhabilidad del Árbitro y de los actos propios emanados del

propio mérito de autos.

41. A la primera materia se refiere someramente el considerando

Décimo. Respecto de la segunda, no se emite ninguna

consideración en el fallo de las Señoras Ministros recurridas.

42. Respecto del primer punto, el citado considerando Décimo

señala que “no corresponde ponderar otras circunstancias como

las referidas a las eventuales relaciones del señor Árbitro con

uno de los testigos que presentó la demandante o si las partes

tomaron conocimiento previo de tal hecho, aspectos todos que

si bien fueron mencionados solo en las alegaciones orales ante

esta Corte, los apoderados de los litigantes expresamente

concordaron que aquellas no formaban parte del recurso de

queja que ha debido conocer este Tribunal”.

43. El conflicto sobreviniente que afectó al señor Árbitro Víctor Vial

del Río, consistió en que su yerno – don Rodrigo Hinzpeter –

esto es, la pareja de su hija, era no sólo el abogado consejero y

redactor del Pacto cuestionado en representación de la parte

demandante, sino además su testigo principal en la causa.

44. No resulta efectivo el afirmar que este aspecto sólo fue

mencionado en el alegato y que habría consenso entre los

litigantes de que esta materia no formaba parte de la Queja. Por

el contrario, consta en autos que, previo a la vista de la causa,

se acompañó por esta parte un informe en derecho del experto

español sobre Arbitraje Internacional José María Alonso que

trata específicamente sobre esta materia. Y, por otro lado, e

único consenso que hay entre las partes es que la relación de

familiaridad entre el Árbitro y el testigo principal no ha sido

desconocida ni rebatida.

45. Por otro lado, en su presentación oral en estrados, el abogado

de Agrícola Corniglia indicó que el Árbitro habría dado a conocer

a las partes su relación con el testigo Rodrigo Hinzpeter en la

audiencia en que se prestaría la declaración de este último, la

que supuestamente según los dichos del letrado, se habría

llevado a cabo el día 14 de Marzo de 2017.

46. Sin embargo, lo anterior no es efectivo y de fácil constatación:

(i) En primer lugar, porque en autos no consta que se haya

celebrado audiencia alguna en dicha fecha.

(ii) En segundo término, porque en la audiencia testimonial a

la que compareció don Rodrigo Hinzpeter, celebrada el 26

de abril de 2017– y a la cual presumimos habría hecho

referencia la contraparte - no se hizo revelación alguna de

la inhabilidad, tal como se puede observar del acta que

consta a fojas 65 del cuaderno de declaraciones

testimoniales, en donde no existe referencia alguna a

revelación en este sentido.

47. Establecido lo anterior, es necesario también precisar que el

vínculo que produce la inhabilidad es un hecho sobreviniente

cuya profundidad e implicancias sólo fueron conocidas luego de

interpuesto el recurso de queja, razón por la cual es evidente

que en sí mismo no pudo ser alegado como falta o abuso. Pero

no es menos cierto que precisamente dentro del control 

disciplinario que tienen los Tribunales Superiores sobre los

Árbitros, está precisamente conocer y prevenir las inhabilidades

de ellos. En la especie, y tal como se indica en el Informe en

Derecho del señor Alonso: 

💭

48. En este sentido y como lo señala el catedrático citado

precedentemente, el vínculo entre el testigo señor Hinzpeter con

el señor Árbitro, constituye un hecho muy desafortunado, porque

induce a que se crea, que a su testimonio se le dio más crédito

que a otros, así no más haya sido por la humana circunstancia

del conocimiento próximo y personal.

49. Una vez más, las Señoras Ministros dejaron de emitir

pronunciamiento en tal capital materia, lo cual no sólo afecta a

esta parte, sino que da a entender que en nuestro país, en estas

materias, rigen estándares inferiores a los internacionales.

50. De este modo, estimamos que las Señoras Ministros incurren en

una falta y abuso al no hacerse cargo de tan sensible materia,

no sólo en cuanto a la inhabilidad misma del Árbitro, sino como

un elemento que obliga a ser en extremo acucioso en la 

ponderación de la existencia y gravedad de las faltas y abusos

denunciadas.

51. Respecto del segundo tema, esto es, el acto propio, las Señoras

Ministros no consideran el mérito del expediente sub-lite y lo

expresamente sostenido por esta parte tanto en presentaciones

escritas como en estrados, como elemento agravante de las

faltas y abusos denunciadas. Cuestión que también el Árbitro

soslayó en su Laudo.

52. En efecto, consta del mérito de autos que:

a) Corniglia votó a favor de la inscripción de las acciones en la

Junta Extraordinaria de Accionistas de 8 Agosto de 2013.

b) Luego, en las Juntas Extraordinarias de Accionistas de 2 de

Octubre de 2013 y 30 de Abril de 2014, votó y ratificó el

aumento de capital de la Compañía, con el preciso objeto de

emitir acciones para ser ofrecidas al público (IPO), lo que

conlleva necesariamente, como requisito sine qua non, la

inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de

Valores de la SVS y en una o más bolsas de valores.

c) Las votaciones favorables y sucesivas de Corniglia en todas

las juntas antes citadas, que fueron coincidentes con la

votación de mi representada Gestora Omega, aprobando y

ratificando los aumentos de capital destinados al público (IPO)

y con ello la inscripción de las acciones, de modo que fueren

registradas en una bolsa de valores – como efectivamente

ocurrió – demuestran en forma indubitada que Corniglia había

dado hace mucho tiempo por cumplidos cualesquiera criterios

o condiciones, fueren operacionales o de cualquier naturaleza, 

que se hubieren considerado necesarios para inscribir las

acciones como parte del proceso de realización del IPO que

ella misma aprobó.

d) También consta de autos que la votación en contrario de

Corniglia en la junta de 30 de diciembre de 2015, respondió

exclusivamente a una estrategia judicial, que luego pondría en

marcha, ya que en el mismo mes de diciembre y con pocos

días de anticipación a dicha junta, había ejercido el PUT

materia de autos.

53. Se trata, en consecuencia, de una conducta oportunista y

contradictoria de la demandante que, como tal, es contraria a la

buena fe y, en consecuencia al derecho, que el Árbitro y las

Señoras Ministros recurridas pasaron por alto y toleraron, a

pesar de encontrarse acreditada en el proceso, lo que además

deja de manifiesto la incongruencia entre lo resuelto (que no se

habían cumplido los criterios de operación) y los hechos propios

y anteriores de la demandante, que daban cuenta

exactamente de lo contrario.

54. Los dos temas anteriores fueron expresamente alegados por

formar parte del mérito de autos y ser demostración de la

gravedad de las faltas y abusos imputadas, no obstante, las

Señoras Ministros prefirieron no emitir decisión a su respecto y

simplemente justificaron su decisión de no ejercer sus

facultades disciplinarias, en jurisprudencia que enfatiza

cuestiones formales que no son atingentes al caso de autos, o

dando a entender que estas circunstancias debieron haber sido

objeto de una denuncia de falta o abuso particular e

independiente, lo que no se condice con el carácter que ellas 

tienen, de agravantes y complementarias de las faltas

denunciadas. 

POR TANTO;

En mérito de lo expuesto, normas legales citadas y en virtud de lo dispuesto en los artículos 545, 546 del Código Orgánico de Tribunales; artículo 182 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes.

SIRVASE S.S. EXCMA: Tener por interpuesto fundado recurso de queja en contra de las Señoras Ministros de la 4° Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Señoras Adelita Inés Ravanales Arriagada, Mireya Eugenia López Miranda y Verónica Cecilia Sabaj Escudero, en atención a las graves faltas o abusos cometidos en la dictación de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2018, dictada en los autos sobre recurso de queja Rol IC Civil-Ant-11.956-2017, caratulados “Gestora Omega Limitada Holding y Compañía en Comandita por Acciones con Víctor Vial del Río”, notificada a las partes por el estado diario en la misma fecha, declararlo admisible y previo informe de las referidas Señoras Ministros, acogerlo en todas sus partes, adoptando las medidas conducentes a remediar las referidas faltas y abusos, dejando sin efecto la referida sentencia y rechazando la demanda deducida en contra de nuestra representada, junto con aplicar las medidas disciplinarias que estime

pertinentes.

PRIMER OTROSÍ: SIRVASE S.S. EXCMA en subsidio, y para el evento improbable que el recurso de queja deducido en Lo Principal sea declarado inadmisible o rechazado por cualquier circunstancia, ejercer de oficio sus facultades disciplinarias, en conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política y en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, adoptando las medidas conducentes a remediar las faltas y abusos de que da cuenta el referido recurso, dejando sin efecto la sentencia dictada

por las Señoras Ministros y rechazando la demanda deducida en contra de mi representada, junto con aplicar las medidas

disciplinarias que estime pertinentes.

SEGUNDO OTROSÍ: SIRVASE S.S. EXCMA: se sirva tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

1. Certificado emitido por la Secretaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en los términos indicados en el artículo 548 del Código Orgánico de Tribunales.

2. Copia de la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2018, dictada por las Señoras Ministros recurridas.

TERCER OTROSÍ: SIRVASE S.S. EXCMA ordenar se traigan a la vista los autos los autos sobre recurso de queja Rol IC  Civil-Ant11.956-2017, caratulados “Gestora Omega Limitada Holding y Compañía en Comandita por Acciones con Víctor Vial del Río”, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

CUARTO OTROSÍ: SIRVASE S.S. EXCMA tener presente que, en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, en representación de Gestora Omega Limitada Holding y Compañía en Comandita por Acciones, asumimos  personalmente el patrocinio y poder en este recurso y que nuestro domicilio para todos los efectos legales es Benjamín 2935, Piso 7, Las Condes, Santiago.